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El TSJ da la razón al Consell en la norma que obliga a los apicultores a separar los panales de los cítricos

La sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso interpuesto por La Unió de Llauradors i Ramaders-COAG contra el decreto de la Generalitat en el que se establecen las medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos, fenómeno conocido como la pinyolà porque hace que aparezcan pepitas en los frutos.

La norma aprobada el pasado año por el Consell suponía, según la COAG, la atribución por parte de la Generalitat de unas competencias que no le correspondían y un carácter sancionador que tampoco se ajustaba a Derecho. Sin embargo, el TSJ ha estimado que la Generalitat es tan competente como la Comisión Europea -órgano que aprobó en junio de 1997 un reglamento por el que se establecían las normas generales de aplicación de las medidas destinadas a la mejora de la producción y comercialización de la miel- y que la norma no es sancionadora sino que exige una serie de condiciones -similares a las de un contrato entre partes- para obtener una serie de ayudas.

El tribunal estima que 'resulta lógico' que la pérdida de ayudas se aplique 'precisamente y en exclusividad a quien ha obtenido un beneficio público con dinero procedente de los fondos de la Generalitat, personas que no se encuentran en idéntica situación frente al Derecho que cualquier otro de los apicultores que desarrollan su actividad fuera del espacio territorial de la Comunidad Valenciana'.

Desde los servicios jurídicos de la Unió de Llauradors-COAG, se señaló ayer que 'a pesar de que el TSJ no estima el recurso, no puede obviarse que dice también que la norma no tiene carácter retroactivo, que su articulado debería ser más explícito para que quede claro que sólo se verán afectados quienes han solicitado ayudas con posterioridad a la aprobación de la norma y sólo en lo referente a la exigencia de trasladar las colmenas, al menos, a cinco kilómetros de las plantaciones de cítricos'. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Agricultura se felicitaron ayer por la sentencia del TSJ y aseguraron: 'Esta norma, como otras muchas, se ha hecho con el consenso de las asociaciones agrarias. No queremos hacer sangre con ello. El TSJ ha dado la razón a la razón'.

Los servicios jurídicos de la Unió consideran importantes las matizaciones que contiene la sentencia en cuanto a que debería haber sido explícita y 'no decir que perdían las ayudas en general'. Los apicultores que en 2000 perdieron las ayudas en virtud de esta norma están pendientes de otro ecurso interpuesto ante el TSJ.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de mayo de 2001