'Me han intentado intimidar para que deje el 'caso Isla Chica'

En septiembre abrió un contencioso por supuestas irregularidades en la elección de compromisarios para el XI Congreso provincial del PP en Huelva. Ahora, Juan Torres asesora a la plataforma vecinal que se opone al proyecto impulsado por el Ayuntamiento onubense (PP) para construir 570 viviendas en los terrenos que actualmente ocupa el estadio Colombino.

Pregunta. ¿Cree que el caso Isla Chica avanza hacia la petición del suplicatorio por parte del juez para Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva y parlamentario andaluz?.

Respuesta. El procedimiento está siguiendo un desarrollo normal. En su día se presentó la denuncia, el juzgado la admitió, y ahora estamos en la fase de investigación. Sabemos que el juez ha tomado ya declaración al secretario del Ayuntamiento y al de la Gerencia Municipal de Urbanismo para comprobar una serie de datos sobre la documentación aportada por nosotros con la denuncia. Pero afirmar que se va a solicitar el suplicatorio... Yo no debo decir lo que el juez ha de hacer. El procedimiento por sí mismo irá determinando las actuaciones judiciales.

P. ¿Cuáles son las principales irregularidades que usted destaca en el caso Isla Chica?.

R. Son múltiples, pero la más importante reside en la venta de unos terrenos de dominio público a una empresa constructora privada. La gravedad de esta operación se incrementa por la existencia de unos informes en contra firmados por el secretario del Ayuntamiento y por el de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que advierten sobre esa ilegalidad.

P. En algunos sectores de Huelva se insiste en que la Plataforma Pro Isla Chica está controlada por el PSOE. ¿Qué piensa usted?

R. Lo desmiento. Si me atengo a las personas que conozco de ese colectivo vecinal, puedo asegurar que existe gran pluralidad ideológica. Lo digo con total certeza. De hecho, las actuaciones públicas de la Plataforma se celebran de forma rotativa en la sede de los distintos partidos que la apoyan, o de las centrales sindicales. De esa forma, lo vecinos tratan de expresar a la opinión pública que nos existe detrás ningún partido político concreto manipulándola.

P. ¿Qué siente al ir en el caso Isla Chica contra un Ayuntamiento gobernado por su partido, el PP?

R: Soy abogado y ésta es una actividad profesional. Pero este asunto tiene una implicación ciudadana que exige ser todavía más responsable e ir más allá de lo que exige la profesión. Unos señores vinieron a casa para pedirme asesoramiento jurídico, y yo se lo di. Han decidido poner la denuncia. Los ayuntamientos son entidades públicas, independientemente de su color político.

P. ¿Qué le parece la nueva dirección del PP de Huelva?.

R. No la reconoceré como tal hasta que no se resuelva el proceso judicial abierto por las numerosas irregularidades cometidas en el último Congreso provincial. Será un tribunal de Justicia el que legitime o deslegitime a esa ejecutiva.

P. Es decir, la considera como una dirección en funciones.

R. Sí, se le podría llamar así. Por lo menos mientras el caso siga en manos del juez.

P. En el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva se ha sugerido que se adoptarán represalias contra los promotores de la denuncia si el juez archiva el caso, ¿qué le parece?.

R. He dejado ese tema en manos del Colegio de Abogados de Huelva. Desde algún periódico onubense próximo al PP se han hecho artículos que suponen un claro intento de intimidación hacia mí, están escritos con el decidido objetivo de coartar mi actividad profesional. Yo soy abogado y tengo que defender los intereses de mis clientes. Me han intentado intimidar desde artículos sin firma, como desde detrás de una mirilla, lo que además evidencia la cobardía de quien los escribe. El objetivo de las presiones es que abandone el caso Isla Chica y no lo voy a hacer.