IU denuncia la presión especulativa en el casco histórico de El Puerto
El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), advirtió ayer sobre 'la presión especulativa' que el actual gobierno local de Independientes Portuenses (IP) ejerce sobre el casco histórico de la ciudad al recoger en el documento de avance del Plan de Ordenación Urbana el diseño de calles, en la actualidad inexistentes, en suelos ocupados en este momento por diferentes empresas bodegueras de la comarca.
El portavoz de IU, Ignacio García, calificó de 'sospechoso' que en el avance de la revisión del plan de urbanismo, que por su naturaleza es un documento de diseño básico de la ciudad, queden establecidas nuevas vías que 'harían pensar en las intenciones de desarrollo urbanístico del suelo bodeguero del casco histórico'.
García recordó que los técnicos municipales han establecido, para el centro urbano, un nivel de protección que afecta al 81% de los inmuebles y sólo aconsejan el derribo o la reforma del 19% restante, niveles de conservación que, según la coalición, no están reflejados en los planos aludidos.
Las quejas de IU llegan después de que la inmobiliaria cordobesa PRASA hubiese cerrado, el pasado mes de marzo, la compra de la totalidad de los cascos de bodegas en desuso de la firma Osborne, para el desarrollo urbanístico de los suelos, contra el criterio de urbanistas e historiadores que advierten de la grave pérdida del patrimonio portuense que supondría el desarrollo de estos planes de urbanización en el centro de la ciudad.
IU ha presentado alegaciones al avance en las que hace constar su temor sobre el grado de reforma que podría ser establecido por el actual gobierno local para el centro portuense, con fines de desarrollo inmobiliario, al tiempo que ha denunciado el alto nivel de edificabilidad autorizado por el Ayuntamiento para el desarrollo urbanístico anunciado en los terrenos de otra antigua bodega, la de José del Pino, situada en las afueras del casco urbano.
En este caso, según IU, ha sido autorizado un nivel de construcción de más de 0,7 metros cuadrados de techo de vivienda por cada metro cuadrado de parcela, cuando la media en las zonas limítrofes ha estado fijada hasta ahora en torno a 0,4 metros.
Rechazo de urbanismo
Con todo, esta operación inmobiliaria, que contempla la construcción de 1.100 viviendas, ha sido rechazada por la Comisión de Urbanismo de la provincia de Cádiz y en la actualidad está pendiente de su análisis por parte de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, quien tiene l competencia de este asunto en última instancia.
Por último, la coalición en sus alegaciones insta al gobierno local de IP a la adopción de medidas sancionadoras contra las empresas suministradoras de agua y luz que conceden el enganche a las viviendas ilegales que han proliferado en el extrarradio de la ciudad, si bien propone la regularización de las que ya están construidas.
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