Caldera pide a Múgica que aclare si pagó informes favorables a la Ley de Extranjería

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ofreció, a través de intermediarios, a catedráticos de Derecho Constitucional 1,5 millones de pesetas por informes jurídicos favorables a la constitucionalidad de la Ley de Extranjería, según informó ayer la cadena SER. El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, dijo ayer que espera que el Defensor del Pueblo aclare cuanto antes en el Parlamento 'si se han encargado esos informes, si se han encargado de ese modo, y si se han pagado o no se han pagado'.

Las fuentes consultadas por la emisora, que pidieron el anonimato, aseguraron que la oferta de Múgica estaba siempre condicionada a una determinada interpretación jurídica de la ley. El Defensor del Pueblo ofreció 1,5 millones 'con la condición' de que los juristas hiciesen informes 'favorables a la constitucionalidad de la ley'. La cadena afirma que algunos constitucionalistas han confirmado, bajo la condición de mantener su anonimato, que rechazaron 'prestarse al juego' que les sugirió la Oficina del Defensor a través de intermediarios. Uno de ellos explicó a la SER que consideró 'poco ético un encargo que limitaba su libertad de pensamiento'.

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Los dictámenes en los que finalmente basó Enrique Múgica su rechazo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, solicitado por 700 entidades y ciudadanos, fueron elaborados por los catedráticos Pedro de Vega García, Francisco Fernández Segado, Alberto Pérez Calvo y Enrique Álvarez Conde.

Desmentido

La Oficina del Defensor hizo pública una nota ayer en la que 'desmiente con firmeza' la información de la SER y dice que 'el único criterio' para hacer los encargos fue el de 'la competencia profesional y especializada, así como el de conseguir la máxima expresión de pluralidad de opiniones por parte de los eminentes juristas que los elaboraron (...) cuya honorabilidad ha de quedar fuera de toda duda'. La nota agrega que los dictámenes dieron lugar a honorarios 'razonables', cuyo monto no detalla, 'sin que se hubiera puesto previamente precio'. Por ello, 'cualquier afirmación de que tales dictámenes se hubieran elaborado bajo la condición de una conclusión favorable no se corresponde con la realidad y en todo caso ha de ser corroborada y detallada por quien la formula, sin que sea admisible el anonimato, dada la gravedad de las consecuencias que entraña'.

El Defensor del Pueblo se negó a recurrir la Ley de Extranjería basándose en los cuatro informes jurídicos y en su propia experiencia cuando ejerció como diputado socialista. Su decisión de no recurrir la Ley de Extranjería fue duramente criticada por IU y por el PSOE y censurada por sindicatos, organizaciones sociales y asociaciones de inmigrantes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0030, 30 de abril de 2001.

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