El nuevo plan socialista para RTVE propone que las Cortes elijan al director

Estas son las propuestas que figuran en la alternativa socialista para la reforma de RTVE, elaborada tras un amplio debate con distintos colectivos y que presentarán en el Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley. La discusión también se producirá en el ámbito de las autonomías gobernadas por socialistas. Un Comité Profesional redactará un código deontológico y un estatuto que salvaguardará a los profesionales de cualquier intento de manipulación política.

Desde hace tres meses, la dirección del PSOE, y especialmente la Secretaría de Organización, que dirige José Blanco, ha trabajado en la elaboración de un plan de reforma de RTVE por encargo del secretario general del partido, José Luis Rodríguez Zapatero. El nuevo líder del PSOE coincidía plenamente con la aspiración de su antecesor, Joaquín Almunia, de poner fin a la utilización que los gobiernos han hecho de RTVE en beneficio propio. Los socialistas no cambiaron el modelo en sus 13 años en el poder, y el PP camina por su quinto año de Gobierno sin tampoco dar muestras de renunciar a ese instrumento, aunque en la oposición se comprometió a hacerlo.

Los socialistas quieren abrir ahora un debate intenso con numerosos colectivos para mejorar su alternativa. La dirección del PSOE quiere acordar el nuevo modelo de televisión pública con sus presidentes autonómicos, que siempre han seguido el ejemplo del Gobierno central, es decir, disponer de su televisión regional.

En la Ejecutiva socialista se asegura que sus barones y, singularmente, el presidente de Andalucía, Manuel Chaves, están dispuestos a adoptar el mismo modelo que apruebe el PSOE en la siguiente legislatura.

Lo primero para que la televisión pública española empiece a parecerse a las de otros países -singularmente a la BBC del Reino Unido, que con frecuencia pone en dificultades al Gobierno de turno con informaciones o enfoques nada favorables- es que su máximo responsable sea elegido por el Parlamento y que los profesionales tengan garantizada su independencia.

'El director general del Ente Público debe convertirse en Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración y dotársele de independencia tanto en relación al Gobierno como en relación al propio Consejo', señala la propuesta socialista. 'Será nombrado por el pleno del Congreso con un mecanismo que garantice el consenso de todos los grupos (el apoyo de dos tercios de la Cámara), por un período de tiempo de cinco años, para que no coincida ni con la legislatura ni con el mandato de los miembros del Consejo, conformando de este modo un sistema de poderes autónomos'. En la propuesta socialista, el Parlamento adquiere un protagonismo notable, en tanto que desaparece el del Gobierno. La Comisión de Control Parlamentario supervisaría los presupuestos y la programación y dictaría las normas sobre acceso y tiempo de programación de los grupos sociales y políticos 'según criterios objetivos'. Esta Comisión tendría la facultad de proponer al pleno de las Cámaras 'el cese del Presidente-Director General y de los miembros del Consejo de Administración, con una mayoría de dos tercios'. El Consejo de Administración se formaría con el director general, 12 miembros elegidos por las Cortes entre profesionales de prestigio y uno en nombre de los trabajadores, que recaería en el presidente del Comité Intercentros.