El PSOE pide que se pague en diez años la deuda de la cadena estatal

Una radiotelevisión pública 'fuerte y capaz de ofrecer un servicio público a la sociedad en términos de información, formación y entretenimiento' debe configurar un marco estable de financiación, según los socialistas. Esa financiación se concretaría en un Contrato-Programa plurianual entre RTVE y la Administración del Estado, que fijaría la aportación pública a sus presupuestos y establecería los criterios de obtención de ingresos.

Pero antes de fijar un sistema de financiación 'estable y suficiente' hay que abordar la deuda acumulada por RTVE. 'El Estado tiene que asumir esa deuda como propia, mediante un plan financiero que fije un plazo máximo de diez años para su completa liquidación', dice la propuesta del PSOE. Los Presupuestos del Estado recogerían cada año la partida relativa al pago de la deuda y sus costes de financiación al margen de los Presupuestos para RTVE. 'A partir de la entrada en funcionamiento de este plan, RTVE no podrá seguir endeudándose', dice el PSOE.

En línea similiar a la que rige en la mayoría de los países europeos, los socialistas abogan por la regulación del sector audiovisual español a través de una 'institución independiente' tanto del Gobierno como de los poderes económicos, empresariales o financieros, vinculados o no a la industria audiovisual. 'Esa institución debería ser creada por Ley Orgánica en el Parlamento' y ser desarrollada en paralelo a la reforma del Estatuto de la Radio y la Televisión públicas. A este Consejo le correspondería velar por los principios del 'pluralismo político, económico, cultural y religioso'.

Poder sancionador

Además, promovería la protección del resto de los valores constitucionales, especialmente en lo referido a la juventud y a la infancia, y sancionaría a quienes 'en apología del terror, la violencia, el racismo, la xenofobia u otro tipo de comportamiento antidemocrático atenten contra la dignidad de las personas'.

La propuesta socialista defiende que los miembros del Consejo Audiovisual sean elegidos 'por consenso de los distintos grupos parlamentarios entre personas de relevantes méritos profesionales en los sectores audiovisual y tecnológico, cultural, universitario, educativo y asociativo, que reflejen la pluralidad ideológica de la sociedad'.

Entre sus funciones se incluiría el asesoramiento al Parlamento y al Gobierno en materias relacionadas con la legislación audiovisual, informar sobre procedimientos de asignación, renovación o revocación de licencias o concesiones de la Administración del Estado ya sea a cadenas de televisión de ámbito estatal o a cadenas de radio cuya cobertura se extienda a más de una comunidad autónoma'. Este organismo tendría poder sancionador, 'claramente definido y delimitado en lo que se refiere a la emisión de contenidos que atenten contra los derechos de las minorías, de la infancia y la dignidad humana'.