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Caja Navarra acepta indemnizar con 175 millones a su director adjunto despedido

La entidad fusionada pretende prejubilar a 188 empleados

El pez chico se come al grande. Y en el proceso de fusión de las cajas de ahorro navarras no se ha quebrado el proverbio. Un año después de la fusión, y con las señas de identidad de la extinta Caja Pamplona ya engullidas por su hermana mayor, Caja Navarra, el consejo de administración de la entidad fusionada ha despedido fulminantemente al ex director de la entidad municipal pamplonesa, Manuel López Merino, segundo de a bordo en la flamante institución fusionada. El despido de López Merino, director de la Caja Municipal de Pamplona desde 1984 hasta 2000, se veía venir. De momento, a Caja Navarra la decisión de rescindir el contrato laboral del ex director le costará 175 millones de pesetas, la mitad de lo que López Merino solicita.

Desde que la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) y Caja Pamplona (CAMP) se fusionaron, López Merino, de 57 de edad, que figuraba como director adjunto de la entidad, comenzó a perder influencia en las áreas de negocio e inversiones de Caja Navarra, dirigidas por el hasta entonces director de CAN, Lorenzo Riezu, hombre de confianza del presidente navarro Miguel Sanz.

El ex director, licenciado en psicología, casado y padre de tres hijos, expresó sus 'profundas discrepancias' con el proceso de integración de ambas entidades y, según la nota hecha pública tras su salida de Caja Navarra, esas discrepancias se agudizaron en el proceso de homologación salarial de las plantillas, 'al no estar de acuerdo' con el tratamiento recibido por los trabajadores provenientes de la CAMP.

Lo cierto es que la fusión ha superado su primer año de vida con una reducción notable de beneficios (8.843 millones, un 26% menos que en 1999), pero con una paz social absoluta. No ha habido despidos traumáticos. Los empleados (1.369 personas) han aprobado las condiciones del convenio que los equipara, aunque los procedentes de Caja Pamplona reconocen un trato más lesivo para ellos y el cierre de oficinas, 46 hasta ahora, se ha resuelto con traslados y prejubilaciones. Es en ese momento cuando ha surgido el despido más sorprendente.

Contrato blindado

Descontento con su apartamiento del núcleo duro de las decisiones de Caja Navarra, López Merino dimitió de su cargo el 15 de febrero, tras reunirse la víspera con Miguel Sanz, y pidió resolver su contrato de alta dirección y volver a la plantilla con la categoría de jefe de primera, la máxima de la entidad, lo que en la práctica era pedir su nombramiento como subdirector, cargo al que accedió por oposición en Caja Pamplona en 1982. El dimisionario gozaba desde 1988 de un contrato blindado como director de la CAMP. El contrato le garantizaba cinco años de sueldo si cesaba en su puesto de primer directivo de la caja. Otra cláusula le brindaba cinco años más de salario si era despedido.

Esas condiciones y la ausencia de negociaciones impulsaron al consejo de administración, en el que los consejeros y hombres de UPN tienen la mayoría absoluta, a romper drásticamente con el directivo. No hubo discrepancias. Además de UPN, aceptaron el despido los consejeros del PSN-PSOE, CDN, IU y EA, y se acordó pagar una indemnización de 175 millones, equivalentes a cinco años de salario, al estimar un informe jurídico que no se cumplen las condiciones previstas en el contrato para pagar el resto. La cuestión ha quedado abierta.

Resuelto el precedente, el consejo de Caja Navarra debe abordar ahora el plan de prejubilación de 188 empleados. El plan prevé que aquellos que tengan más de 55 años puedan abandonar su puesto con el 85% de su sueldo base más la antigüedad. El directivo que introdujo la apertura de oficinas por la tardes, la banca telefónica, la tarjeta monedero o el ahorro infantil está ya fuera de la entidad.

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