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Oliveri considera las nuevas leyes educativas un ataque al Estatuto

Maribel Marín Yarza

Los proyectos de Ley de Formación Profesional y de Universidades diseñados por el Gobierno central han sido recibidos por el Ejecutivo vasco como una intromisión en sus competencias. 'Es una auténtica inmoralidad', dijo ayer el consejero de Educación y Universidades, Inaxio Oliveri, 'que el PP se presente como adalid mediático del Estatuto de Autonomía' y 'lo agreda de manera sistemática en su práctica política diaria' con proyectos como éstos. De ponerse en marcha, Oliveri no descarta un recurso judicial del Ejecutivo vasco.

La comparecencia sirvió para reavivar la polémica política horas antes de que arrancara la campaña electoral. 'Reconocemos la competencia del Estado para la ordenación del sistema educativo', dijo Oliveri, 'pero rechazamos que con la excusa de la ordenación regulen en esas leyes toda la política educativa' en esa búsqueda de 'la homogeneidad en todos los ámbitos'. Y advirtió: 'No estamos dispuestos a retroceder ni desde la perspectiva competencial, ni desde la de calidad del servicio educativo'.

Oliveri apuntó con sus críticas al procedimiento de elaboración de los borradores. 'No es lógico que no haya existido un proceso de consulta a las autonomías', señaló. Pero tampoco eludió pronunciarse sobre cuestiones técnicas. La Ley de Formación Profesional supone, a su juicio, 'un retroceso sobre la LOGSE' y la de Universidades plantea 'un sistema de habilitación estatal del profesorado', que retrotrae 'a 1954, cuando todo se decidía desde Madrid'. Insistió en que así 'no se resuelven los problemas' de la Educación porque 'no se ha dialogado con los agentes educativos y no existe diagnóstico de la situación'.

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