El alcalde de León minimiza las críticas del Tribunal de Cuentas

El alcalde interpretó que se trata de un informe 'positivo, con recomendaciones que se van a cumplir sin tener obligación de ello', añadió. Para Amilivia, la auditoría refleja únicamente aspectos que afectan a la organización contable municipal, 'a las debilidades de control interno y a la falta de algunos anexos o estados de la Cuenta General, aspectos ya conocidos por el Ayuntamiento y que han sido subsanados en ejercicios posteriores al fiscalizado o bien a medida que el propio Tribunal de Cuentas ha ido avanzando en la fiscalización'.

El alcalde matizó que la publicación de parte del informe puede ser una campaña política que le recuerda a campañas anteriores contra él (refiriéndose sin decirlo a las denuncias sobre el uso de dinero público para comprar gomina). No obstante, el edil reconoció que el Tribunal apunta muchas deficiencias administrativas y de control interno, de contabilidad, 'comunes a muchas corporaciones locales'. La corporación leonesa se compone de 13 ediles populares, siete de UPL y otros siete del PSOE.

'Descontrol absoluto'

El portavoz del PSOE, Miguel Alejo, consideró que las conclusiones del Tribunal de Cuentas avalan las denuncias de los socialistas, que desde 1995 piden la creación de una comisión de control de contratación y de un reglamento de funcionamiento interno, a tenor del 'descontrol absoluto' existente. Alejo cree que la mala gestión del PP repercute en que el gasto corriente haya subido desde 1996 en 3.000 millones.

Las alegaciones que propondrá el Ayuntamiento de León, según Amilivia, serán debatidas en un pleno en junio, al haber pedido el consistorio una prórroga de un mes para la presentación de las mismas. El PSOE elaborará sus propias alegaciones e insistirá en las mociones presentadas con anterioridad y rechazadas en todas las ocasiones por el equipo de gobierno municipal, relativas a las recomendaciones que fija el Tribunal de Cuentas, con las que coinciden los socialistas, insistió Alejo.

El PSOE destaca la situación de 'caos municipal' y de falta de liquidez que lleva a una prórroga continuada de los contratos de servicios, a la venta de suelo público en subasta (unos 2.800 millones de pesetas este año, según los presupuestos) y a la petición constante de créditos para poder abordar el pago de la nómina municipal (unos 7.000 millones al año). En estos momentos, el gobierno local estudia privatizar la recaudación municipal y refinanciar su deuda (25.000 millones). 'La deuda es del 110% que puede llegar al 130% y lo que intentamos es alargar los plazos para amortizar créditos', resalta Amilivia.