Militares y policías reprimen las concentraciones en La Paz, destino de la marcha campesina

Con gases lacrimógenos lanzados a discreción, las tropas militares y policiales desbarataron toda concentración de ciudadanos en La Paz, capital de Bolivia, donde se dieron cita miles de agricultores, cocaleros y trabajadores, al término de una caminata de 14 días desde Cochabamba, altiplano y norte del departamento de La Paz, para pedir al Gobierno boliviano el cumplimiento de los compromisos suscritos el año pasado.

El prolongado sonar de "pututus" (trompa sonora de cuerno) señaló la llegada de una modesta columna de caminantes que logró mantenerse a pesar de las numerosas intervenciones policiales en su contra, especialmente el fin de semana pasado, y la detención y traslado forzoso de decenas de productores agrícolas, colonizadores y cocaleros, en vehículos contratados por la policía para llevarlos a sus lugares de origen.

Con el grito de victoria "Fortún, estamos en La Paz", la columna, a la que se incorporaron decenas de campesinos que se encontraban en el alto, continuó la caminata para tratar de llegar hasta el centro de La Paz por vías secundarias de acceso en un vano intento de burlar la fuerte vigilancia de la policía.

El ministro del Interior, Guillermo Fortún, advirtió reiteradamente en las dos semanas de marcha que los caminantes no iban a salir de Cochabamba, que no pasarían de Caracollo ni podrían llegar a La Paz, aun cuando en las últimas horas admitió que "de llegar, van a llegar", pero no en una masiva marcha como pretendían los organizadores. "Llegarán en solitario Evo Morales", diputado de Izquierda Unida y líder de los cocaleros que encabeza la marcha y a quien Fortún vincula con el narcotráfico.

Los marchistas, después de una breve concentración en la principal plaza de El Alto -ciudad dormitorio a 14 kilómetros de La Paz- durante la que reclamaron la atención del Gobierno a sus demandas de cumplimiento de compromisos, fueron dispersados con profusión de químicos irritantes. Más tarde la policía utilizó una y otra vez los gases lacrimógenos en varios puntos de la ciudad donde intentaban reunirse los marchistas.

El vocero de la Coordinadora Única de Movilización Nacional (Comunal), Óscar Olivera, informó del propósito de efectuar un cabildo en la plaza de San Francisco para decidir las próximas acciones no solamente de los caminantes, sino de los grupos de trabajadores y de pequeños comerciantes que horas antes habían sido dispersados con gases lacrimógenos. Los dirigentes de la Coordinadora de la Defensa del Agua llamaron en Cochabamba al bloqueo general de caminos a partir del miércoles si el Gobierno incumple los acuerdos firmados en abril y septiembre del año pasado.

Mientras tanto, las autoridades agotaban recursos para evitar que al menos 70.000 afiliados al transporte pesado cumplan con un paro de 24 horas en todo el país decretado para hoy, martes, como una forma de exigir la atención a sus demandas. Los transportistas han advertido que si no obtienen una respuesta favorable a sus peticiones de mejorar las carreteras, revisar las tasas de peaje y el sistema tributario, el paro puede convertirse en huelga indefinida. Además de los varios frentes laborales que el Gobierno tiene abiertos ante sí, las demandas regionales no se han hecho esperar. De hecho, los pobladores de Yacuiba, en el sureño Chaco boliviano frontera con Argentina, se han levantado en protesta por el sitio militar y policial de su ciudad.

El presidente del comité cívico de Yacuiba, Wilman Cardoso, denunció que la ciudad amaneció sitiada militarmente al cumplirse el quinto día de su huelga indefinida e informó que la población estaba en las calles dispuesta a todo. Yacuiba solicitó al Gobierno que le asigne el 45% de los ingresos devengados por la producción de gas natural en su territorio. Las autoridades anunciaron en La Paz su viaje al Chaco para atender las demandas de la población.

El país, uno de los más pobres de la región, está sumido en una grave crisis económica y no cuenta con los recursos necesarios para atender las demandas. A ello se suma la incapacidad administrativa y la descontrolada corrupción, según las acusaciones de los principales adversarios del Gobierno, lo que ahonda más la dramática situación de la población, de 8,4 millones de habitantes, de la que un 70% vive en pobreza y pobreza extrema.