Más de 600 menores residen en 51 pisos y centros de acogida en Euskadi

Muerte, alcoholismo, drogadicción, trastornos psíquicos, falta de medios y abandono son algunos de los motivos más frecuentes que impiden a los menores vivir con sus padres. Para protegerles hasta que cumplan 18 años, las tres diputaciones vascas disponen de un total de 51 pisos y centros de acogida de distintas características -varios de ellos para extranjeros- con capacidad global para más de 600 jóvenes. Actualmente, todas esas plazas están ocupadas por menores. La mayoría arrastra graves problemas de comportamiento y adaptación que suelen dificultar la conviviencia en los hogares.

Ricardo es el nombre ficticio de un niño de 11 años, que aprendió a andar por la calle de San Francisco, en Bilbao. Sus padres toxicómanos no le podían cuidar, así que pronto se hicieron cargo de él los servicios sociales de la Diputación de Vizcaya. Tras haber ido de casa en casa de acogida, desde hace varias semanas vive con una familia en régimen de preadopción.

Carlos, de tres años, también un nombre ficticio, nunca conoció a su madre, que murió poco después del parto. El padre, incapaz de sobrellevar en solitario los cuidados del pequeño, solicitó ayuda a la Diputación alavesa, que le acogió. Los fines de semana el padre lleva a su hijo a casa y trata de seguir su crecimiento de cerca.

Son sólo dos casos de los cerca de 600 que actualmente residen en centros y pisos de las diputaciones vascas.

Los hogares de acogida para los menores suelen clasificarse en torno a programas específicos y a las edades de los acogidos. En los pisos -en general, dos viviendas unidas- residen habitualmente 13 o 14 niños y niñas, que dependen durante las 24 horas del día de siete trabajadores con preparación adecuada. Se trata de que la atención y el apoyo al menor sea lo más positivo posible para su propio desarrollo y la del resto de los acogidos y con la vista puesta en que puedan algún día volver a sus casas, explica Íñigo Pombo, director en el área de Bienestar Social de la Diputación vizcaína. Las tres instituciones forales cuentan en conjunto con un presupuesto para la acogida de menores que se acerca a los 2.500 millones de pesetas (15,03 millones de euros).

En Guipuzcoa, donde hay abiertos 15 centros y el número de plazas llega a 221, fueron atendidos en 1999 (últimos datos disponibles) un total de 416 menores, para lo que la Diputación dispuso de un presupuesto de casi 654 millones de pesetas. Esta provincia dispone de tres centros de acogida de urgencia: para menores de cero a nueve años, de 10 a 18 y no acompañados de 12 a 18 años. Además, cuenta con residencias especializadas, dos de ellas abiertas este mismo año, y de miniresidencias de larga estancia a través de la gestión convenida con nueve entidades acreditadas, según los datos proporcionados por la institución foral.

El número de plazas en Álava se eleva a 69, repartidas en seis centros. Para periodos de corta estancia hay dos: uno para niños menores de tres años y otro para adolescentes entre 12 y 18, que se encuentran en situación grave de desprotección y para los que es necesario arbitrar medidas de apoyo o de sustitución familiar. Además, la Diputación alavesa tiene abiertos, o en régimen de colaboración con entidades, cuatro hogares, uno de ellos para menores de entre 12 y 18 años con trastornos de conducta y desestructuración personal.

Vizcaya destina algo más de mil millones de pesetas a mantener los 30 centros disponibles, que acogen a unos 300 menores. De ellos, 12 pertenecen a la Diputación, mientras que el resto son de entidades que mantienen convenios con la institución foral, algunas de ellas dirigidas por religiosos, según detalla Pombo.

El caso de Loiu

En esta provincia se encuentra la residencia Zabaloetxe, en concreto en la localidad de Loiu, en la que el pasado mes de marzo vivían 51 menores extranjeros, y que, según las previsiones, podrían llegar a 200 a finales de ese año. Estos menores proceden de entornos culturales y sociales muy diferentes al español y suelen padecer un pasado deteriorado y conflictivo que dificulta todavía más su integración en el centro de protección.

Entre 10 y 15 menores alojados en Loiu causaron incidentes tan graves el pasado mes de marzo que la Diputación vizcaína tuvo que tomar medidas específicas para subsanar la situación, según explica un portavoz de la institución: 'Se ha contratado a más educadores, quienes llevan un teléfono móvil que les permite contactar rápidamente con la comisaría de la Ertzaintza de Erandio y con el centro cuando están fuera y pueden tener problemas. También se cuenta con un servicio permanente de guarda de seguridad, entre otras medidas'.

Sin llegar a situaciones tan graves, los profesionales que tratan con menores acogidos se enfrentan a menudo con problemas de riesgo, no sólo amenazas verbales, sino incluso con cuchillos. Es un trabajo tan duro que la mayoría se ve obligado a coger una baja médica.

Una educadora social de Bilbao con una larga trayectoria en centros y pisos cuenta su experiencia: 'Son chavales muy difíciles, con graves problemas familiares. Tenemos que organizar su vida, desde la educación hasta la merienda. Con los que no tienen familia, decidimos todo y con el resto suele haber más problemas, ya que lo hecho durante la semana se puede deshacer cuando van a casa el fin de semana o por discrepancias con los padres'.

Esta educadora reconoce que 'la convivencia en los pisos es complicada. Se dan circunstancias tales como tener que proteger a niños de la agresión de otros o pensar qué hacer cuando uno llega a las cinco de la mañana. Tienen que compartir la vida con alguien que no es nada suyo. Por eso, los que tienen familia están deseando que llegue el fin de semana para ir a casa, aunque sepan que van al infierno'.