El edil de Urbanismo de Valencia votó por dos veces en el pleno sobre asuntos que le afectaban

El último pleno del Ayuntamiento de Valencia del año 1999 aprobó la adjudicación del proyecto para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en la calle de J. J. Dómine a la empresa Construcciones y Estudios, SA (Cyes), en la que trabaja y de la que es accionista Vicente Domínguez, hermano del delegado de Urbanismo, Miguel Domínguez. Éste votó, junto con los demás concejales del Partido Popular, a favor de la adjudicación, según consta en el acta del pleno celebrado el 30 de diciembre de ese año. De esta manera, el edil incumplió la legalidad, ya que la ley de Procedimiento Administrativo obliga a los representantes políticos en las corporaciones a abstenerse en las votaciones de asuntos que les afecten y precisa que esa afección llega hasta el cuarto grado de parentesco.

El Grupo Socialista municipal estudia pedir responsabilidades al edil, al que considera 'reincidente', puesto que ya hizo lo mismo en otro caso que le afectaba junto a otros dos concejales populares. Se trata de la aprobación, en marzo de 2000, de un plan urbanístico en el barrio de El Carmen. La comunidad de bienes Sorell, integrada por Domínguez y los también ediles de Valencia Enrique Pérez Boada y Rafael Ripoll, además del director general de la Policía, Juan Cotino, compró un solar en la plaza de Mossèn Sorell -catalogado como expropiable en el planeamiento urbanístico de 1991- poco antes de que el Ayuntamiento aprobara un plan urbanístico que excluía la parcela del ámbito de actuación.

Por otra parte, la oferta con la que la empresa del hermano del edil se presentó al concurso convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el proyecto del aparcamiento de J. J. Dómine no era la más adecuada, según consta en el informe elaborado por el servicio de Transortes y Circulación. En el informe, los técnicos alertaban sobre las carencias técnicas y económicas de la oferta presentada por Cyes, que competía por la adjudicación del concurso con la UTE Comsa-Stirling. A pesar de que Comsa ofrecía mejores precios para el alquiler y venta de las plazas de aparcamiento, el concurso fue adjudicado a la empresa del hermano de Domínguez basándose en una cláusula del pliego de condiciones que primaba la aportación que la empresa adjudicataria hiciera a las arcas municipales. Comsa ofrecía pagar al Ayuntamiento el 3,5% de sus ingresos anuales por alquiler de plazas, mientras que Cyes elevaba su aportación al 4%.

Las obras del aparcamiento de J. J. Dómine están en marcha y estos días han sido noticia porque los vecinos de la zona se han quejado ante la escasez de plazas de garaje que la empresa ha destinado a los residentes.