Formación profesional

La nueva ley de formación profesional que prepara el Gobierno plantea la creación de una red nacional de centros de referencia en todo el territorio nacional, que sirvan para introducir y ensayar nuevas enseñanzas. También genera un sistema de acreditación y cualificaciones que provea de la homogeneidad mínima requerida y vele por que las enseñanzas impartidas y los certificados expedidos se adecuen a la normativa europea, único modo de garantizar su valor real en un mundo caracterizado por la movilidad.

En este sentido, son discutibles las críticas de la oposición a los mecanismos de homologación y su propuesta de poner en marcha certificaciones con valor únicamente autonómico; no parece que sea ésa la dirección más adecuada a los tiempos que vivimos. Pero, como en muchas otras iniciativas, las buenas intenciones de partida pueden quedarse cortas o malograrse a la hora de su concreción.

A la ausencia de medidas novedosas que permitan confiar en un impulso realmente vigoroso de la formación profesional, se añade en este caso la falta de previsiones económicas acerca del coste de la puesta en marcha de la ley, lo que puede comprometer su viabilidad. No hay reformas en el sistema educativo con coste cero. Por otra parte, se ignora el grado de consenso alcanzado con las comunidades autónomas, esencial en un sector que ha sido transferido, y sin cuyo concurso sería muy difícil aplicarla con garantías de éxito. Porque, si bien es imprescindible la coordinación para establecer sistemas de homologación de ámbito estatal y europeo, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen un importante papel que debe reconocérseles desde el principio.

Por último, es cierto que los centros integrados de formación profesional son distintos de los centros de secundaria y requieren una organización diferente, aunque sólo sea porque imparten enseñanzas para jóvenes junto a otras dirigidas a desempleados y cursos de formación continuada para adultos. Pero también parece razonable que puedan compartir costes en edificios o profesorado, siempre que los cambios propuestos en la designación de los órganos directivos no entren en abierto conflicto con las normas que rigen la generalidad de los centros. No sabemos si este enésimo intento de vitalizar la formación profesional en nuestro país se saldará con más éxito que los precedentes; en todo caso, merece la pena intentarlo.