El Gobierno regula hoy una mayor apertura del mercado del gas natural

El 1 de enero de 2003, cualquier ciudadano podrá elegir libremente la compañía de gas, según la ley. Pero para que se cumpla ese plazo es preciso, primero, resolver tres asuntos cruciales que rompan la posición dominante que mantiene actualmente Gas Natural: el reparto del gas que proviene de Argelia, el acceso a las redes gasistas y la entrada de nuevo socios en el capital de Enagás, propietaria de la red de distribución.

Sobre el primer punto, la comisión delegada tiene previsto aprobar hoy una propuesta que, mediante un concurso-subasta, repartirá el 25% del contrato del gas argelino entre al menos cuatro compañías distintas de Gas Natural.

El gas procedente de Argelia representa el 59% del consumo nacional. Por la adjudicación de este contrato, que se hará por tres años (hasta 2003), pugnan las principales eléctricas y petroleras que operan en España, que venderán dicho gas a grandes consumidores (clientes cualificados) compitiendo con Gas Natural. Esta compañía, titular hasta ahora del conjunto del suministro argelino, recibirá a cambio alrededor de 50.000 millones de pesetas.

La medida acarrea ya un retraso de casi cinco meses, demora que también afecta a la regulación del acceso de terceros a las instalaciones gasistas de Gas Natural, y el sistema de peajes que regulará dicho acceso.

Este asunto será discutido hoy por todas las partes implicadas -productores, consumidores y comercializadores- en la reunión que mantendrán en el seno del Consejo Consultivo de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de la Energía. Este organismo independiente, una vez escuchadas las distintas alegaciones, elevará un informe al Ministerio de Economía para que éste legisle.

Mayor retraso acumula la venta de Enagás, hoy 100% de Gas Natural, y en cuyo capital desean entrar las eléctricas con el fin de asegurar la neutralidad de esta compañía que gestiona la infraestructura de transporte de gas.

La Comisión Delegada tendrá hoy también encima de la mesa otro asunto de gran trascendencia para los consumidores: la aprobación del nuevo marco de tarifas al que se tendrá que sujetar Telefónica hasta el 31 de diciembre de 2003. El nuevo sistema viene motivado por la obligación que impusieron las autoridades comunitarias al Gobierno español de atender la demanda de Telefónica de un aumento de la cuota de abono, que pasará de las 1.642 pesetas actuales a las 1.940 pesetas en 2002 y las 2.100 pesetas en 2003.

Polémica telefónica

Telefónica está obligada a bajar los precios del conjunto de servicios que presta un 7% en el año 2001, un 6% en 2002 y un 2% en 2003. El sistema establece también varias salvaguardas, como la imposibilidad de subir las llamadas telefónicas locales (ver EL PAÍS del 17 de abril).

La revisión ha provocado las críticas tanto de las asociaciones de consumidores, que estiman que tendrá un efecto perjudicial para el bolsillo de los abonados, como de los competidores de Telefónica, que opinan que el Gobierno le concede demasiada libertad para variar tarifas y descuentos sin necesidad de autorización administrativa.

Telefónica se defiende afirmando que la subida de la cuota de abono 'no es ningún regalo', sino una reivindicación justa para paliar el déficit que sufría por el mantenimiento de la línea que llega al domicilio del abonado. También recuerda que operadores extranjeros como France Télécom y Telecom Italia, que participan en Uni2 y Retevisión, gozan de una mayor libertad de tarifas en sus respectivos países.