El Parlamento aprueba por unanimidad la Ley de Consultas Populares, primera en un año de legislatura

El Gobierno, a través del consejero de Gobernación, Alfonso Perales, reconoció que la ley aprobada ayer 'es mejor' que el proyecto que presentó su Consejería en la Cámara.

El nuevo texto legal permitirá a los ayuntamientos andaluces convocar referendos populares a través de dos fórmulas: bien mediante acuerdo plenario por mayoría simple o por la recogida de firmas de un grupo de vecinos, cuyo número varía en función de la población de cada municipio.

En el debate en comisión se modificó el requisito apuntado por el Ejecutivo de que el acuerdo plenario para solicitar la consulta fuera por mayoría absoluta y se ha optado por un trámite de menor exigencia al requerir sólo mayoría simple.

Los grupos parlamentarios presentaron un total de 73 enmiendas, aunque al pleno sólo llegó viva una decena, de las que tan sólo dos se mantuvieron, mientras que el resto se pactaron mediante transaccionales.

Los grupos han conseguido acortar a la mitad los seis meses previstos en el proyecto hasta consumir todos los trámites administrativos -autorizaciones, acuerdos, decretos y reclamaciones- para poder realizar el referéndum que, en todos los casos, deberá ser autorizado por el Gobierno de la nación y cuya petición se hará a través de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Los resultados de la consulta no son vinculantes.

Los dos partidos que sustentan al Gobierno, PSOE y PA, resaltaron el hecho de que 'el momento especialmente delicado' por el que atraviesa el Parlamento -los populares no asisten a las reuniones de la Mesa y se ausentan cuando intervine el andalucista Ildelfonso Dell'Olmo- 'no se haya reflejado' en el debate en comisión, según dijo la diputada socialista Pilar Gómez Casero. Palabras similares pronunció el portavoz del PA, José Calvo Poyato.

El popular Eugenio Gonzálvez destacó el que el 50% de las enmiendas populares hubiesen sido aceptadas en el debate en comisión y aseguró que la ley es 'un instrumento ágil' que facilita la participación ciudadana.

El mismo tono mantuvo el portavoz de Izquierda Unida, Antonio Romero, quien tan sólo reprochó el rechazo a una enmienda de su grupo que pretendía extender los referendos a los distritos, a las comarcas (que no están definidas administrativamente) y a las entidades locales menores.

El diputado del grupo mixto, Pedro Pacheco, aprovechó para exigir al Gobierno la modificación de la Ley de Régimen Local, aunque dio su voto a favor a una ley que, afirmó, 'permite que los ciudadanos decidan al lado de las instituciones'.