Victimización y medición de la inseguridad

Habría que saber si las dos noticias que EL PAÍS publicó el pasado 31 de marzo en la página 6 del suplemento Cataluña fueron juntas por obra de un duende o por mera casualidad. De otro modo, habría que concluir que el responsable de la página es partidario de un concepto amplio de inseguridad. En efecto, una de las noticias era relativa al reciente informe de la Generalitat sobre seguridad, es decir, sobre el índice de victimización de los catalanes, y destacaba que la zona del Camp de Tarragona es la que presenta un mayor porcentaje de víctimas de algún tipo de delito. La otra noticia se refería a la 'contaminación lumínica' que padecen los ciudadanos y que, según el mapa confeccionado por los expertos, a escala global 'Cataluña es una zona de contaminación lumínica elevada'. Aquí tenemos, pues, dos ejemplos de lo que puede considerarse sustrato de la inseguridad. Por una parte, la inseguridad limitada como un riesgo para la integridad física o una puesta en peligro de bienes materiales. Por otra, la inseguridad ampliada que afecta a tantas otras necesidades tan dignas de protección (vivienda, educación, trabajo, salud, tráfico viario, accidentes laborales, etcétera) como lo es, particularmente en el tipo de sociedades que nos ha tocado vivir, la tranquilidad ambiental. El exceso de luz que contamina, como el ruido o los gases (tóxicos, en general) que debemos soportar, ataca indudablemente a un sentido de seguridad integral que parece estar ausente de las previsiones de los responsables municipales, comunitarios y estatales, más allá de las razones de ahorro desde las que el Departamento de Medio Ambiente plantea la cuestión. Me permití hacer esta distinción hace algunos meses (EL PAÍS, 9 de noviembre de 2000), fundándome en que la tradición impuesta en la España democrática al introducir la Constitución el concepto de seguridad ciudadana para desplazar el de orden público, tan connotado por el franquismo, había conllevado el concepto de seguridad limitada. Pero, como se sabe en el resto de Europa, una cosa es la seguridad respecto de los delitos que afectan a la persona y a sus bienes, y otra la que influye sobre el ámbito de las necesidades que el Estado social tiende a proteger. Nada resulta más rentable a cierta demagogia política que hablar de la inseguridad provocada únicamente por delitos, aunque ello suponga alarma social.

La inseguridad ciudadana se mide a menudo sobre prejuicios

El alcalde de Barcelona ha insistido recientemente en que la ciudad vive un 'elevado sentimiento de inseguridad'. También se ha manifestado en parecidos términos, en su memoria anual, el juez decano, basándose en diversos indicadores (números de detenciones policiales, denuncias ante los juzgados de guardia, aumento de delitos menores, etcétera) que dan unas cifras coincidentes con las que manejan la Delegación del Gobierno en Cataluña y la propia Fiscalía. Sin embargo, lo que parece dar más fuerza en los últimos días a este tipo de afirmaciones son unas encuestas de victimización elaboradas por el Instituto de Estadística de Cataluña, en las que habría colaborado algún estudioso de la Universidad de Barcelona y que han sido presentadas por el consejero de Gobernación de la Generalitat. Basta solamente con atender a la información publicada para comprender que las referidas encuestas padecen de lo que en otros países europeos ha sido tachado como una marcada ideologización, al mostrar una sola cara de la inseguridad y una imagen deformada del sentimiento consecuente que cundiría entre los ciudadanos.

Hace ya muchos años que las mencionadas encuestas han sido desmitificadas, al haberse demostrado que cuando este instrumento se nutre de una información recogida en zonas predeterminadas de las ciudades o de otras áreas territoriales en las que residen ciertos sectores sociales los resultados que emergen no pueden ser otros que los que de verdad se buscaban o se habían previsto con anticipación. Ello ocurre cuando las encuestas se restringen a un tipo previamente pensado de inseguridad; cuando esta inseguridad no guarda relación con otros elementos relativos a la calidad de la vida social del área en que se lleva a cabo la encuesta; cuando los cuestionarios aplicados presuponen o dan por aceptadas ciertas normas del derecho penal o delitos concretos, respecto de los cuales se debe interpretar la 'reacción' del entrevistado por medio de ciertas técnicas de medición abiertas o previstas (lo que ayuda a paliar los defectos metodológicos); cuando estas encuestas se realizan de manera descontextualizada de un orden económico-estructural español, europeo y mundial en el que está inserta Cataluña, y cuando se opera con un concepto estereotipado de 'víctima'. Esto último acontece si se extrae una identificación de la víctima con la imagen del hombre-propietario, al acotar los hechos delictivos por los que se pregunta a los encuestados en indicadores que aluden exclusivamente a la propiedad de bienes materiales. Todo lo indicado lleva lógicamente a una conclusión: la falacia de medir la inseguridad con instrumentos 'orientados' no hace más que seguir con la manipulación de un sentimiento ciudadano muy noble pero, a la vez, muy fácil de tergiversar.

Roberto Bergalli es jefe de estudios de Criminología y Política Criminal de la Universidad de Barcelona.