Pemex, ante su 'renovarse o morir'

Nacionalizada en marzo de 1938 tras su expropiación a compañías extranjeras, la industria petrolera mexicana acusa el envejecimiento de instalaciones y de gestión, y un deficiente aprovechamiento de los recursos que la nueva Administración pretende remediar. El Gobierno de Vicente Fox quiere dar un vuelco al funcionamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), que explota unas reservas probadas de 25.000 millones de barriles, aunque estancadas durante dos decenios por falta de inversiones. Sin llegar a privatizar la empresa más importante del país, cuyo sólo intento sublevaría a los sindicatos, a la izquierda y a amplios sectores de opinión, el objetivo oficial es comprometer criterios de empresa privada en su funcionamiento.

Pemex, que exporta 1.710.000 barriles al día y aporta al fisco anualmente más de 8.000 millones de dólares (1,48 billones de pesetas), es el principal contribuyente en divisas, pero necesita cerca de 4.500 millones de dólares anuales durante los próximos 20 años para solucionar su retraso, y dejar de convertirse en un importador de productos refinados. 'Hoy ratifico que Pemex será transformada en una empresa manejada con criterios de eficiencia y sujeta a criterios de vanguardia a nivel mundial; que Pemex será administrada honestamente', declaró Fox el primero de diciembre del pasado año, en su discurso de investidura ante el Congreso. Imposible la participación privada en la explotación y producción petrolífera, por mandato de la Carta Magna, el pasado 13 de febrero, y por primera vez en la historia de Pemex y del país, cuatro importantes hombres de negocios mexicanos entraron a formar parte de su Consejo de Administración.

Esa incorporación levantó astillas entre la oposición política, que ha presentado un recurso contra los nombramientos, y el sindicato petrolero, que alertaron contra una 'privatización enmascarada', manejo de información confidencial y conflicto de intereses entre Pemex y los consorcios empresariales dirigidos por Carlos Slim, presidente del Grupo Carso; Lorenzo Zambrano, presidente de una de las cementeras más importantes del mundo; Alfonso Romo, el rey de las semillas, y Rogelio Marcos, ejecutivo de varias corporaciones. El Gobierno, y los propios hombres de negocios, rechazó esos temores asegurando que su tarea será únicamente asesorar en las políticas de programas e inversiones de Pemex, desinteresadamente, sin cobrar por sus servicios, aunque sujetos a las obligaciones de la Ley Federal de Los Servidores Públicos, que les obliga a prestar su declaración patrimonial ante la Secretaría y de la Contraloría y Desarrollo Administrativos.

Los cuatro se sumaron, por tanto, al Consejo de Administración de una empresa que cuenta con activos superior a los 50.000 millones de dólares, sin incluir las reservas de hidrocarburos, y colocó a México en el quinto lugar de la clasificación de países exportadores. Los otros siete consejeros titulares son dos secretarios de Estado y cinco representantes del sindicato petrolero. La nueva estrategia es la profesionalización, el ahorro de 3.000 millones de dólares en los próximos años mediante una mayor eficiencia administrativa, la promoción de nuevas explotaciones, e incrementar la producción de gas natural para sostener las crecientes necesidades energéticas de México.

Asimismo, se busca atemperar el exacerbado nacionalismo en todo cuanto afecta al petróleo, y aligerar a Pemex de la carga fiscal, ya que el Gobierno devenga en impuestos el 61% de los ingresos de la estatal. El Congreso, en el que el partido gubernamental depende de la oposición para aprobar los proyectos de ley, estudia fórmulas para aliviar ese peso, que condujo en 1999 a unas pérdidas netas después de la tajada en impuestos, de más de 1.000 millones de dólares. La meta es que Pemex pueda disponer de fondos para su modernización, para dotarla de tecnología competitiva. La reducción de una plantilla de 129.159 empleados y el combate contra la corrupción son dos desafíos a corto plazo de los nuevos administradores.

La industria petrolera, según los expertos, necesita de una gran reestructuración, y las cuatro filiales en que está dividida Pemex deben coordinar esfuerzos. De acuerdo con la Memoria de Labores de 1999, presentada hace apenas un año, la situación era grave en el sector petroquímico, ya que los altos costes de producción y la escasa inversión condujeron a atender el mercado a través de las importaciones. Fox prometió impulsar los cambios necesarios para que la inversión privada, probablemente la extranjera porque la nacional no tiene el músculo financiero suficiente, pueda controlar el 51% de la petroquímica secundaria. Ahora, la inversión privada sólo puede llegar al 49%.