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Zaplana, el gran deudor

A la hora de escribir estas líneas aún permanecen inéditas 'algunas de las iniciativas tendentes a explicar la situación financiera de la Generalitat Valenciana', anunciadas oficialmente por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Vicente Rambla, a comienzos de la semana pasada. Si esta situación financiera, con una deuda cercana al billón de pesetas, es preocupante la pintoresca nota oficial es desconcertante, puesto que las explicaciones no se anuncian, se dan (preferentemente en el ámbito adecuado, las Cortes Valencianas en este caso) y de forma exhaustiva, no en dosis homeopáticas. Quizás sea la falta de costumbre -van ya para seis años de gobierno rehuyéndolas- o el verse obligados coactivamente a ello por la dimensión de la deuda y su repercusión pública, lo que provoque que el habitualmente ponderado consejero Rambla se sume con su insólito anuncio a la general confusión orquestada desde Presidencia en torno a este asunto.

Confusión general que comienza con la actuación de la portavoz del Gobierno del presidente Zaplana la cual, en esta ocasión, ha conseguido superar la tradicional dicotomía weberiana entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción ya que, dejando la ética al margen, se ha mostrado a la vez como irresponsable y nada convincente en sus explicaciones sobre el endeudamiento de la Generalitat. Irresponsable digo, consciente de la dureza del calificativo, puesto que quien viene a reconocer que la magnitud de esta deuda próxima al billón de pesetas se debe, siquiera parcialmente, a la necesidad de hacer frente a un déficit de caja -la diferencia entre los ingresos y los pagos del Consell- está acusando a su Gobierno de un uso indebido, posiblemente ilegal, del recurso a la deuda, ya que el artículo 14.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, establece taxativamente que una de las condiciones para recurrir al endeudamiento por plazo superior a un año es que 'el importe total del crédito sea destinado exclusivamente a operaciones de inversión'. En otras palabras, ni una sola peseta allegada con recurso a la deuda puede utilizarse para pagos corrientes, como reconoce la portavoz que está haciendo el Gobierno de Eduardo Zaplana.

Un Gobierno que ha duplicado con creces (100.000 millones más del doble) en tan sólo cinco años la deuda acumulada durante los trece anteriores. Se alega por la portavoz la necesidad de hacer frente a un supuesto desfase histórico entre el coste efectivo y real de los servicios transferidos. Desfase que, por cierto, nunca ha sido reivindicado en sus negociaciones por el anterior consejero de Economía, José Luis Olivas, que llegó incluso a condonar una deuda de 60.000 millones al Gobierno de José María Aznar, en magnánimo y rumboso gesto que no se corresponde con nuestras depauperadas finanzas. El ex presidente Lerma dejó bien claro hace unos días en estas páginas que las transferencias no eran deficitarias en modo alguno. Lo que sí era deficitario, en ocasiones localmente incluso inexistente, era el servicio que el Gobierno central prestaba anteriormente a nuestros ciudadanos, sobre todo en los aspectos educativos, a mejorar los cuales se destinó una buena parte del endeudamiento alcanzado durante la etapa socialista en la Generalitat.

Otra parte de este intento de explicación reside en el 'tremendo esfuerzo inversor' en infraestructuras realizado en los últimos años. A fuer, posiblemente, de miopía partidaria, no lo percibo en modo alguno. Máxime cuando las frías e inapelables cifras evidencian que mientras la inversión directa del Consell en 1995 rondaba los 80.000 millones, en 2000 apenas supera los 78.000 millones de pesetas. En otras palabras, inversión real similar pero más del doble de deuda en menos de la mitad de tiempo. Aunque si el endeudamiento tiene por imperativo legal que ser finalista debe corresponderse estricta y unívocamente con el gasto en inversión. Por lo que sería, debería ser, muy fácil disipar dudas o interpretaciones sesgadas. Publíquense a doble columna las partidas de deuda y su correspondiente plasmación en inversiones tangibles. Los ciudadanos podrían conocer con precisión en qué se han transformado los 540.000 millones de pesetas de deuda -y hablamos sólo de cifras oficiales- que el gobierno popular lleva acumulados en poco más de una legislatura.

Pero también habría que explicar qué relación guarda ese déficit de caja -el desfase entre ingresos y pagos- muy superior a los 200.000 millones, con los ingresos pendientes de cobro por parte de la Generalitat, que ascienden, según la reciente liquidación oficial del último presupuesto, a 358.290.306.266 pesetas. Y explicar asimismo si esa ingente cantidad de derechos pendientes de cobro se deben a que el Consell gestiona inadecuadamente, recaudando menos de lo previsto, o si de Madrid no llegan a su debido tiempo las correspondientes transferencias financieras. Aunque, si tal fuese el caso, no se conoce ninguna reclamación al Gobierno central por tal motivo.

Por ir resumiendo, aún a costa de no hablar del recurso continuo a préstamos a corto plazo que luego se consolidan refinanciados como deuda a largo; ni a la supresión que hicieron de los topes existentes hasta 1995 para este tipo de operaciones de tesorería, duplicando su límite en cuanto llegaron al poder; ni de la deuda desviada hacia las empresas públicas -que darán una desagradable sorpresa en su día- ni de que los tipos de interés excepcionalmente bajos de los últimos años, junto a la mayor recaudación impositiva consecuencia del crecimiento económico, deberían haber producido reducciones y no aumentos de la deuda, vayamos directamente al grano con datos del Banco de España: la situación financiera de la Comunidad Valenciana presenta la mayor deuda por habitante de España. Cada uno de nosotros debemos unas 84.000 pesetas más que el resto de los españoles por término medio. Punto uno. Punto dos, estamos también liderando la deuda en relación al PIB, proporción que ya supera el 10% del mismo, siendo más del doble que en Aragón, el País Vasco, Madrid, Asturias o Murcia y casi cuatro veces más que en Baleares o Castilla-La Mancha. La Generalitat ha incumplido absolutamente el Programa de Convergencia y Estabilidad elaborado por Rodrigo Rato en 1997. Punto tres, ¿por qué y para qué se está produciendo este notable endeudamiento? Alguien, mismamente Zaplana, debería de decir, y de hacer, algo.

Segundo Bru es catedrático de Economía Política y senador socialista por Valencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 14 de abril de 2001.

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