El PP adjudica la limpieza malagueña un año después de sacarla a concurso

La operación volvió ayer a generar una agria polémica en un pleno donde el PP se valió de la mayoría absoluta para sacar adelante la propuesta. La situación, sin embargo, no está definitivamente resuelta, ya que IU tiene interpuesto un recurso contra la decisión del pleno, como paso previo a llevar el asunto a la jurisdicción contencioso administrativa. Una vía judicial que el PSOE está también estudiando.

La busqueda de un socio privado para Limasa, la empresa municipal de limpieza de Málaga, ha sido un calvario para el gobierno del PP, que aprobó por la vía extraordinaria el concurso público en plena Semana Santa del año pasado y dando apenas 35 días a los posibles interesados para presentar ofertas, debido a que expiraba la anterior concesión. A pesar de las prisas, el PP ha tardado luego un año en resolver esta adjudicación, en un proceso administrativo cargado de advertencias y dudas legales planteadas tanto por la intervención municipal como por el Secretario General del ayuntamiento.

Ofertas 'inadmisibles'

De hecho, en febrero pasado el pleno consideró 'inadmisibles' las ofertas presentadas por las dos constructoras, abriéndose un procedimiento negociado cuyo resultado se conocía de antemano: acuerdo de ambas para repartirse el negocio.

Esta solución y los reparos legales que presentaba han llevado a la oposición a cuestionar jurídicamente el proceso, sobre todo después de que trascendiera que durante los meses de estudio de las ofertas el alcalde, Francisco de la Torre, mantuvo reuniones con los responsables de ambas empresas.

El edil de Hacienda, Francisco Aguilar, rechazó ayer las críticas de la oposición y reiteró que el consistorio ha hecho un buen negocio: se mantiene la plantilla, se mejora el servicio y el coste anual asciende a 6.584 millones, 1.200 millones de pesetas por debajo del cánon de salida del concurso.

El PSOE replica que la reducción es consecuencia de que se ha elegido 'la peor de las ofertas' y duda que se pueda mantener el nivel actual del servicio, según el portavoz Francisco Oliva. Por su parte, Rafael Rodríguez de IU, considera que 'este contrato del siglo ha terminado siendo la gran chapuza del siglo, con una sucesión permanente de contrasentidos y con la más absoluta ilegalidad'. El PP se escuda en que las ofertas fueron declaradas inadmisibles porque la parte relativa a tratamiento de residuos no estaba bien resuelta.