Los jueces investigaron en 2000 el patrimonio de 40.000 personas que decían ser insolventes

Según datos del decanato de los juzgados de la plaza de Castilla, en 2000 se investigó el patrimonio de un total de 38.430 personas, todas ellas incursas en procedimientos judiciales.

Los jueces de instrucción (los que investigan delitos) son los que más investigaciones patrimoniales decretaron (en total, 17.397). Se trata de ciudadanos que son condenados a pagar una multa o a resarcir los daños causados a víctimas de sus hechos delictivos, y que alegaban carecer de bienes para afrontar esos pagos. Los jueces no les creyeron e investigaron sus cuentas.

El ahora fácil acceso al ordenador evita que el juez tenga que enviar, como hacía antes, un exhorto a la Delegación de Hacienda y esperar a que este departamento le contestase. La investigación patrimonial es, de esta forma, mucho más rápida. Si el juez observa signos externos de que el implicado miente, puede adoptar medidas más contundentes contra él y -si la indagación con Hacienda resulta positiva- ordenar el embargo de sus bienes para resarcir el daño causado a la víctima.

La cifra de investigados por cuestiones judiciales civiles (rupturas matrimoniales, quiebras de empresas, deudas entre ciudadanos) fue en 2000 más reducida que la penales: se elevó a 10.781. Muchos cónyuges, tras la separación, indican que su patrimonio es insuficiente para afrontar los pagos que les impone el juez de familia; por ejemplo, a la hora de evaluar la pensión por alimentos. También hay cónyuges que afirman que ocultan al juez su patrimonio real con vistas a salir más beneficiados en el reparto de bienes.

Ahora, gracias al citado terminal informático se puede comprobar la veracidad de sus afirmaciones. Basta una mirada al ordenador para dilucidar si mienten o no, salvo que, como ocurre en muchos casos, tengan los bienes a nombre de terceras personas o testaferros.

Por cuestiones relacionadas con la jurisdicción laboral (las antiguas magistraturas de trabajo) se investigó a 3.539 personas (empresarios que se declaran insolventes para pagar las nónimas de los trabajadores u otras deudas).

Embargo de coches

Un juez también puede embargar un coche a un moroso. El año pasado se investigó, a través de la Dirección General de Tráfico, a 6.713 personas con vistas a averiguar si disponían de vehículos a su nombre.

Los jueces que más utilizan el ordenador conectado con Hacienda son los de ejecutorias, que se encargan en exclusiva de ejecutar sentencias dictadas por los juzgados de lo penal sobre delitos con penas inferiores a cinco años de prisión, que son los más irritantes para el ciudadano (robos, pequeñas estafas, lesiones). Varios funcionarios de Hacienda se han trasladado a los juzgados y hacen las indagaciones que les ordenan los magistrados. Sólo éstos, y tras la preceptiva orden judicial, tienen acceso a esta terminal. El ordenador registra los nombres de las personas que acceden a él, según fuentes judiciales.

Antes de crearse los juzgados de ejecutorias, en 1996, las deudas impagadas de los condenados (indemnizaciones a víctimas, multas) se cifraban en 'cientos de millones de pesetas'. 'Al existir mayor control, estamos consiguiendo que muchos delincuentes paguen', afirman fuentes judiciales.

La estadística del decanato de los juzgados de Madrid relativa al año 2000 ofrece también los siguientes datos: las quejas de los ciudadanos respecto al funcionamiento de los juzgados son poco significativas, quizá por ignorancia de que existe un servicio al respecto en el decanato, que dirige el magistrado Fernando Fernández -el cual, según ha manifestado, las supervisa y contesta 'todas'-. El año pasado se presentaron 199 quejas, cifra similar a la de años anteriores. La mayoría alude a discrepancias de ciudadanos sobre resoluciones dictadas por los jueces.

En 2000 había en Madrid cuatro juzgados de menores. Ahora, tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Menor, el pasado 13 de enero, se han creado otros dos. Sólo los cuatro antiguos juzgados recibieron el año pasado casi 4.000 asuntos penales relacionados con menores de 16 años.

Algunos datos curiosos que figuran en la estadística de los juzgados que hacen funciones de registro civil son los siguientes: en 2000 hubo casi 1.500 ciudadanos que pidieron cambiar su nombre, casi 8.000 extranjeros pidieron la nacionalidad y 557 parejas inscribieron fuera de plazo a sus hijos. Además, 352 hombres acudieron al Registro Civil para 'destruir la presunción de personalidad' respecto a alguno de sus hijos.