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Cinco trabajadores han muerto en Alicante y uno en Valencia por asbestosis o cánceres de pulmón

Cristina Vázquez

En la Comunidad Valenciana se han producido cinco muertes en Alicante y una en Valencia relacionadas con la exposición al amianto. A principios de este mes se conocía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, en la que condenaba a la fábrica Fibrocementos de Levante, de Sant Vicent del Raspeig, por falta de medidas de seguridad. La iniciativa, llevada a cabo por una asociación de ex trabajadores de la compañía que contrajeron la asbestosis (afección pulmonar por aspirar amianto), han conseguido que el tribunal ordene el pago de un recargo del 30% en las pensiones por invalidez permanente que cobra este colectivo. Éste, compuesto por seis ex empleados, presentó una denuncia ante el Juzgado de lo Social en 1997, que falló en su contra. Ahora, el TSJ le ha dado la razón y espera el mismo resultado del proceso penal iniciado en 1998.

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Fibrocementos -donde se han registrado 60 trabajadores afectados y cinco muertes por esta causa, según CC OO- anunció en febrero que eliminará el uso del amianto, cuatro años antes de lo previsto. Pero los casos se suceden. La pasada semana murió otro operario de Uralita, en Quart de Poblet, de cáncer de pulmón. Este jubilado había estado expuesto 20 años al amianto.

Amparo Martínez, responsable de Salud Laboral de CC OO del País Valenciano, mostraba ayer, aprovechando la presentación del informe sobre los efectos del amianto, su queja por el borrador presentado por la Consejería de Sanidad de la Generalitat sobre vigilancia posocupacional de los trabajadores expuestos a los asbestos, que se tratará mañana, miércoles, en la Comisión Valenciana de Seguridad y Salud Laboral. Este borrador, según Martínez, 'tiene serias deficiencias' en comparación con el documento elaborado tiempo atrás por la Comisión del Amianto de Alicante, a la que pertenece la Administración, la patronal y CC OO.

Los sectores más afectados por el problema del amianto son el naval, el de fibrocemento, el ferroviario, el textil, el de reparación de automóviles y el encargado de la demolición de edificios, donde, según la organización sindical, los trabajadores no cuentan con las adecuadas medidas de seguridad. Martínez puso como ejemplo la remodelación el pasado año de la sede del Impiva (Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana). 'En un gran contenedor a la puerta del instituto estaban, sin aislamiento alguno ni barreras de seguridad, fibras de amianto que se habían retirado del edificio', describió la responsable de Salud Laboral.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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