Sindicatos y oposición exigen que el Gobierno consensúe la Ley del Suelo

Fernando Sánchez, portavoz de UGT en el CES, considera que el anteproyecto de la Ley del Suelo 'entrega a la voracidad del mercado la práctica totalidad del territorio y es una amenaza para el progreso de la región'. Para Sánchez, el proyecto es una 'apuesta decidida por el mercado privado, que permite la ocupación de todo el territorio de la Comunidad, al transformar prácticamente todo el suelo en urbanizable'.

UGT se refiere a que el anteproyecto establece en su artículo 30 que en las zonas declaradas no urbanizables de protección (los parques regionales, por ejemplo) se podrán levantar viviendas unifamiliares siempre que se trate de edificios aislados.

Según Jaime Cedrún, de CC OO, la ley 'no recoge entre sus objetivos el acceso a la vivienda como uno de sus fines estratégicos, al no contemplar medidas especiales para promover viviendas destinadas a los sectores más desfavorecidos y propiciar el régimen de alquiler'.

Tanto CC OO como UGT denuncian la introducción en la norma de las denominadas entidades certificantes homologadas y del agente urbanizador. En el artículo 156 del anteproyecto se establece que la solicitud de una licencia para hacer una obra se considerará concedida cuando la tramitación de la petición se haga a través de una entidad certificante (una especie de gestoría urbanística privada) y hayan transcurrido dos meses sin que la Administración haya respondido a la solicitud. El agente urbanizador, por su parte, es una figura jurídica privada que podrá urbanizar terrenos cuando el propietario se niegue a hacerlo. 'La insuficiente definición del agente urbanizador', explica Sánchez, 'produce un nivel de inseguridad jurídica importante'. 'Podría darse el caso de que tras el concesionario pueda esconderse algún grupo financiero inmobiliario y lanzar una OPA hostil contra los propietarios del suelo, lo que despierta ciertas dudas legales'.

Entidad certificante

UGT cree también que la 'figura de la entidad certificante provoca importantes interrogantes en el ámbito del control de la legalidad por parte de las administraciones públicas, ya que en la práctica se privatiza la tramitación de las licencias'. 'La entidad certificante', añade, 'se convierte así en un importante problema añadido, en lugar de en una solución para la simplificación de ciertos trámites'.

Cedrún destaca que las actuaciones urbanísticas producen sobre el suelo un significativo incremento de su valor económico, 'en el que la Comunidad debe participar'. 'Sin embargo', dice el responsable de CC OO en el Consejo Económico y Social, 'la normativa legal prevista no recoge adecuadamente un mecanismo de recuperación de las plusvalías urbanísticas generadas sobre suelos públicos cedidos en los que se producen actuaciones urbanísticas'.

Los sindicatos se quejan también de que el anteproyecto obliga a que el 50% de las viviendas deben tener algún tipo de protección, sin diferenciar cúantas serán de precio tasado (para las rentas más altas). 'Resulta, por tanto, esencial introducir un nivel mínimo de reserva equivalente a la mitad del 50% previsto en el anteproyecto, destinado a viviendas de protección oficial para personas con ingresos inferiores a 3,5 millones al año'.

El responsable de Urbanismo del Grupo PSOE-Progresistas, Modesto Nolla, reiteró su petición de que el Gobierno retire el anteproyecto y lo consensúe con todos los grupos políticos y agentes sociales.

Juan Ramón Sanz, portavoz de Urbanismo de IU, recordó que su coalición fue la primera en denunciar el anteproyecto. 'Es una normativa' que, en opinión de Sanz, 'no tiene ni pies ni cabeza y responde sólo a la idea del consejero Luis Eduardo Cortés y de cuatro grupos financieros'. Según el diputado, la actual Ley del Suelo, de 1995, 'y que fue consensuada por todos los grupos políticos es una buena ley, con las modificaciones que sean necesarias para adecuarla a la realidad'.

El presidente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y alcalde de Leganés, el socialista José Luis Pérez Ráez, calificó de 'oscuro y ambiguo' el anteproyecto de la Ley del Suelo. Según Pérez Ráez, el texto elimina muchas de las competencias con que cuentan hoy los ayuntamientos, informa F. J. Barroso. 'Ahora que los administraciones locales estamos más contentas porque el Pacto Local nos puede dar más competencias, tenemos que asistir a que se nos quiten desde una ley regional', concluyó.