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COLUMNA

Gobernabilidad y autogobierno

El Consejo de Ministros del Gobierno del PP ha decidido interponer el recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto, acordado por el Parlament de Catalunya, que gravaba a las grandes superficies -en cumplimiento de una ley de 1995 aprobada con el voto del PP de Cataluña- con un tributo finalista. La recaudación de este impuesto se destinaba a mejorar el comercio, que se ha visto perjudicado en los últimos años por la implantación de estas instalaciones. Era, y es, un intento loable de conseguir una mejor convivencia entre ambas estructuras comerciales y el entorno urbano en el que se ubican.

Pues bien, el PP, en aras de una supuesta ruptura de la homogeneidad fiscal y de la necesaria igualdad del territorio español, ha interpuesto este recurso a la vez que ha anunciado que, previsiblemente, seguirán este mismo camino otras dos figuras que están en curso en otros parlamentos: el gravamen sobre las entidades financieras que está estudiando Extremadura y una eco-tasa de Castilla-La Mancha.

El recurso del PP contra el impuesto sobre las grandes superficies deja en evidencia a CiU, que, por otra parte, ha votado a favor del Plan Hidrológico

Los argumentos jurídicos que ha esgrimido el portavoz del Gobierno son sumamente débiles; son sólo la tapadera de la verdadera intención, que no es de orden legal, sino político. El PP se opondrá a cualquier nuevo tributo económico no porque vulnere el orden jurídico, sino porque no está de acuerdo con su concepto de lo que debe ser este país. No admite el derecho a la diferencia, tan sólo cree en la uniformidad y el control absoluto desde el poder central de todas las decisiones que se toman. Esta es una concepción caduca, la España de las autonomías es también la España de las diferencias, con una voluntad de vida en común, pero con el respeto a las decisiones que cada uno tome en el ámbito de sus competencias y su territorio.

Ante estas cuestiones, el PP no duda en contradecir incluso a sus propios correligionarios en Cataluña. El PP de Cataluña exigió en el último debate de investidura del presidente de la Generalitat la implantación de este impuesto, que por otra parte ya era un compromiso derivado de una ley anterior. ¿Qué cara pondrá ahora este partido en una próxima negociación? ¿En qué queda el valor de su fuerza en Madrid, cuando ya no cuenta ni con el apoyo de su propio partido? Como dice un amigo, ¿dónde está el barullo de verdad? ¿Quién expresa de forma más evidente sus contradicciones? Esta es una experiencia muy desagradable, pero sólo tienen una salida: que el PP catalán convenza a sus compañeros de que equidad no quiere decir uniformidad y que cada comunidad debe ser responsable del uso que haga de sus capacidades, sin interferencias del Gobierno central. No es fácil, pero ésta es su obligación ahora; si no lo hace perderá buena parte de su ya escasa credibilidad en Cataluña.

Finalmente, una última reflexión, tampoco CiU sale indemne de este proceso. El jueves, contradiciendo su posición en el Parlament de Catalunya, la coalición gobernante en la Generalitat votaba a favor del Plan Hidrológico, después de una supuesta negociación con el Gobierno. Al día siguiente, el mismo Gobierno central con el que había negociado interponía el recurso a una ley que formaba parte de la acción ejecutiva de la Generalitat. ¿Cómo debemos interpretar políticamente esta coincidencia?

CiU no ha sido capaz de convencer al Gobierno de Aznar de la corrección de este tributo, en uno de los momentos de mayor debilidad política del PP, siempre recordando la mayoría absoluta de que dispone en las Cortes, y le ha otorgado su voto en el Plan Hidrológico sin conseguir evitar este recurso. La sumisión del Gobierno de Jordi Pujol a La Moncloa es ya excesiva y le está saliendo muy cara a Cataluña. No sólo en términos económicos, que también, sino en cuestiones conceptuales como el autogobierno y el respeto a los ámbitos de decisión propios.

Cuando la gobernabilidad y el autogobierno entran en contradicción, el decantamiento a favor de uno u otro es vital para el futuro. Mucho me temo que CiU no ha hecho la elección correcta.

Martí Carnicer es portavoz del PSC en el Parlament. para asuntos económicos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de abril de 2001