Marcados

Hay coches marcados: los modelos de automóvil considerados de alto riesgo por las compañías de seguros. Éstas suelen ajustar al alza las primas que cobran por el seguro de accidentes y responsabilidad civil de los modelos peligrosos. Pero como, antes de comprar un coche, podemos elegir entre un modelo de riesgo u otro menos peligroso, la diferencia de trato no parece discriminatoria.

Pero también hay personas marcadas, genéticamente expuestas a mayores riesgos que otras. La enfermedad de Huntington, por ejemplo, es un mal pavoroso y hereditario que afecta a uno de cada 18.000 individuos causándoles trastornos del movimiento, pérdida de facultades intelectuales y demencia progresiva. Como sólo se manifiesta entre los 35 y 45 años de edad, cuando el paciente ya suele haber transmitido el gen responsable de la enfermedad a su descendencia, siempre había resultado difícil evitar nuevos casos. Pero el gen en cuestión fue identificado hace algunos años y hoy es posible el diagnóstico presintomático de la enfermedad.

Cada día que pasa sabemos más acerca de nuestro patrimonio genético y de los riesgos asociados a él, aunque la mayoría de nosotros rechazamos distinguir a las personas por su grado de riesgo: podemos escoger modelo de automóvil, pero no de padres biológicos. El problema es que, técnicamente hablando, los contratos privados de seguro de accidente de automóvil y de vida son bastante parecidos, por lo que las primas de los seguros de vida de las personas de alto riesgo serían muy caras por el simple hecho de haber nacido.

El tema preocupa a la clase política. El pasado 13 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó una moción, a instancias del grupo parlamentario catalán, sobre las medidas necesarias para garantizar la intimidad genética en las relaciones privadas y el derecho de todos a no ser discriminados por el patrimonio genético. La moción finalmente aprobada insta al Gobierno, entre otras cosas, a constituir un grupo de trabajo para el estudio de los efectos del desarrollo de la genética sobre el mundo de los seguros (Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Serie D, núm. 147, 13 de marzo de 2001, página 18 y siguientes).

Deseo suerte al grupo, pues bastantes de las ocurrencias más intuitivas son pura ingenuidad: pregunte usted si debe permitirse que los ciudadanos adultos de este país se sometan, si lo desean, a pruebas genéticas confidenciales que permitan detectar su propensión a desarrollar tal o cual enfermedad hereditaria y obtendrá muy probablemente una respuesta afirmativa. Mas pregunte a continuación si las compañías de seguros podrán someter a quienes quieran contratar con ellas un seguro de vida a esas mismas pruebas y la respuesta abrumadoramente mayoritaria será negativa con énfasis adverbial añadido: 'No, en absoluto'. Hay que evitar toda discriminación de las personas genéticamente más desfavorecidas.

Cierto, pero entonces quienes tengan una determinada propensión a enfermar y lo sepan porque se hayan hecho practicar las pruebas querrán asegurarse. En cambio, quienes no la tengan y también lo sepan, no se asegurarán jamás. Se producirá así un caso de libro de selección adversa: las personas con mayor riesgo perseguirán el seguro, pero las sanas huirán de él como de la peste. Prohibir por ley la práctica de los tests sólo a las compañías de seguros no es solución: bajo semejante regla prohibitiva, el simple hecho de que alguien quiera contratar un seguro es un indicador de que las cosas no le van demasiado bien.

Y es que no podemos tratar un riesgo de manera distinta simplemente porque afecte a un automóvil o a una persona. A quien contrata un seguro y paga las primas, ambos casos le resultan muy parecidos. Por la misma razón que los conductores prudentes de coches de bajo riesgo quieren seguros baratos, las personas que se sometan a chequeos y tests genéticos tratarán de pagar primas lo más bajas posible, en línea con la intensidad de su riesgo.

Una alternativa radical que ya proponen algunos es prohibir los tests a todo el mundo, es decir, tanto a aseguradoras como a ciudadanos. Así, todos volveríamos al punto de partida, es decir, a la ignorancia genética. No estoy seguro de que sea una buena idea pues, de entrada, la sugerencia de reservar la información sobre mi patrimonio genético a unos cuantos médicos y funcionarios resulta inquietante. Además, como no podemos desinventar la genética, en la práctica sería imposible aplicar universalmente la regla prohibitiva.

Las soluciones habrán de ser, muy probablemente, públicas: los estados deberán poner en práctica políticas de seguros sociales pagadas con los impuestos de todos y tendentes a proteger a las personas más desfavorecidas. Uno prefiere un Estado que informe y ayude a otro que atesore secretos y prodigue amenazas.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil de la UPF.