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El Ayuntamiento de Puerto Real recurrirá en los tribunales el trazado del segundo puente de la Bahía

El Ayuntamiento de Puerto Real va a recurrir a todos los foros judiciales, administrativos y políticos españoles y europeos contra la intención del Ministerio de Fomento de construir un segundo puente sobre la Bahía de Cádiz, que sería el tercer acceso a la capital. La obra, con un presupuesto de 22.000 millones de pesetas, fue confirmada el lunes en Cádiz por el ministro Francisco Álvarez Cascos, quien fijó su ejecución antes de 2007. José Antonio Barroso (IU), alcalde puertorrealeño, informó ayer de que ha encargado a los servicios técnicos municipales que preparen una batería de acciones contra el anuncio y la intención de Fomento, que prevé asentar una de las patas en el suelo ocioso de Astilleros, próximo al nuevo Corte Inglés de Cádiz, y la otra, en Matagorda, en el término municipal de Puerto Real, con cuyo ayuntamiento ni se ha consultado ni consensuado nada al respecto.

Barroso se muestra beligerante porque se ha definido el trazado antes de que se haya concluido el estudio de impacto ambiental sobre ese recorrido. 'Ya nos están diciendo por dónde va a ir el puente. Está todo prefijado aunque el estudio sobre el trazado no está ni terminado. Ese apriorismo está generando y creando intereses en la zona sobre la que se actuará con independencia del estudio. Y todo esto nos lleva a pensar que el estudio puede ser una pantomima', dijo ayer el alcalde.

El Ayuntamiento de Puerto Real apuesta por la construcción de un túnel submarino que atraviese la Bahía antes que por el puente, al considerar que la pata que se asentará en su territorio afectará a los vecinos de la barriada del Río San Pedro y a las actividades industriales y portuarias de La Cabezuela. El Colegio de Arquitectos de Cádiz también aboga por la construcción de un túnel, aunque limita su uso a los transportes públicos, con preferencia al tren.

'No es pensable que, hoy, una infraestructura de este tipo se pueda hacer sin contar con la colaboración, el acuerdo y la opinión del municipio que soporta la mayor de las servidumbres', dijo ayer Barroso, quien acusa al PP de actuar autoritariamente. 'Querer imponer una obra de estas características -con el impacto territorial, social y económico que conlleva- a un ayuntamiento, saltándose su fuero municipal, sólo se entiende por un tic autoritario y desde una concepción antidemocrática de la práctica política', afirmó.

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha evitado hasta el momento polemizar con Barroso y se ha remitido a la posibilidad que ofrece la ley de declarar el interés general de la obra, lo que agilizaría los trámites y limitaría la intervención del municipio de Puerto Real.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de abril de 2001