El pueblo del vertedero

Ningún rebaño osaría recorrer la actual Cañada

Real Galiana a su paso por Vallecas Villa. Tendría que esquivar los cientos de camiones que recorren cada día esta antigua vía pecuaria en dirección al vertedero y la incineradora de Valdemingómez, respiraría polvo a raudales y el olor del cercano basural le empujaría a buscar pastos más jugosos. Pero este entorno alberga un verdadero pueblo en el que viven unas 2.000 personas, la mayoría de escasos recursos, que han levantado ilegalmente casas, chabolas y almacenes en una franja de terrenos públicos, de seis kilómetros de largo y 75 metros de ancho, que va desde la carretera de Valencia al barrio getafense de Perales del Río.

Estas familias pagan contribución urbana y reclaman a la Comunidad, dueña de los suelos, que regularice su situación. Es decir, que les venda los terrenos que ya utilizan. El Gobierno regional admite que se trata de un 'problema social complejo', al que hay que dar una respuesta diferente al desalojo, y se muestra partidario de buscar una salida con los afectados y el Ayuntamiento. Mientras esos suelos sean cañada, es imposible legalizar en ellos construcción alguna; por ello,una de las soluciones que barajan las instituciones es cambiar el trayecto de esta vía pecuaria.

Carmen Canales, de 47 años, vive en este pueblo desde hace un lustro, con su marido y sus tres hijos, de 28, 24 y 14 años. Ellos mismos arreglaron un terreno con una chabolilla que sus anteriores ocupantes les vendieron. O, como ella dice, les 'cedieron'. En este barrio, la palabra vender es tabú. Las parcelas, que son públicas, se 'ceden', previo pago de uno o dos millones de pesetas, o incluso más. El agua y la luz la obtienen gratis mediante enganches ilegales, pero los vecinos recalcan que 'nadie se niega a pagar'. Lo que ocurre es que ni Unión Fenosa ni el Canal de Isabel II contratan servicios con estos colonos irregulares. Hay reparto de butano, recogida de basuras y cartero, pero ningún autobús de línea entra a la Cañada.

'Nosotros, como la mayoría, vinimos aquí empujados por la necesidad. Pagábamos 50.000 pesetas de una hipoteca; mi marido se quedó en el paro y acabamos desahuciados. Es un trago horrible, a mí me produjo una depresión que todavía arrastro', explica Carmen. Su vivienda está bien apañada y tiene un pequeño jardín. Pero por su puerta pasan cada día centenares de camiones cargados de basura, y la fetidez y el polvo se hacen insoportables. Sin contar con que alrededor no hay tiendas, escuelas ni parques. 'Ahora mi marido trabaja en una grúa, pero preferimos quedarnos porque, como él gana poco, siempre seguiríamos con el miedo de volver a ser desahuciados', añade esta mujer, cuyo hijo menor acude cada día a clase en uno de los cinco autobuses escolares que, desde hace tres años, trasladan a los niños de la Cañada a colegios de Rivas y Vallecas.

La mayoría de los moradores de la Cañada son payos, pero también hay gitanos y, cada vez más, magrebíes, rumanos y latinoamericanos. Junto a las casas, la mayoría de autoconstrucción, hay desguaces, almacenes, aparcamientos de autobuses, una tienda y varios bares. De las 400 parcelas ocupadas, 300 están habitadas y el resto son negocios. La presidenta de la asociación de vecinos de este tramo de vía pecuaria, Elena Martín, afirma: 'Si a nosotros nos echan por ilegales también tendrán que desalojar a las empresas y vecinos que ocupan otros tramos de cañada como la calle de Alcalá o el paseo de la Castellana'.

El barrio está lleno de rumores. Se dice que hay familias desalojadas de poblados chabolistas con venta de droga que insisten en comprar terrenos, y también que hay quienes levantan casas para arrendarlas abusivamente a otros más necesitados, sobre todo inmigrantes. Martín reconoce que existe movimiento de parcelas, pero no tiene noticias de que se estén produciendo arriendos. 'La mayoría vivimos en el suelo que ocupamos y, como mucho, hay quien levanta otras casas para sus hijos', asegura.

El director general de Agricultura de la Comunidad, Javier García Cañete, que se reunirá con estos vecinos el próximo 9 de abril, califica el problema de 'social' y explica que está buscando, con el Consistorio, una alternativa 'para adecuar esta invasión de la cañada a la ley de vías pecuarias, que prohíbe en ellas la edificación'. La modificación del actual trazado de la cañada 'es una posibilidad contemplada en la ley de vías pecuarias de 1998, pero para acometerla hace falta que el Ayuntamiento nos presente un trazado alternativo. Otra opción es que el Consistorio realoje a esas familias', agrega.

Fuentes de la Concejalía de Medio Ambiente indican que 'se van a estudiar los terrenos del entorno'. 'Pero es un tema complejo: hay que ver la propiedad de los suelos, su calificación, los desarrollos urbanísticos previstos y si por ellos va a pasar el AVE o la M-50', matizan. La Gerencia de Urbanismo ha abierto expedientes sancionadores 'por edificación ilegal' contra familias de la Cañada. Ha habido sentencias condenatorias e intentos de desalojo que han acabado en batallas campales con la policía.

¿Y el caso de la Castellana? Según García Cañete, no es equiparable: 'Esa calle tiene un uso urbano consolidado antes de la ley de 1998, y por eso se respeta'.