Sobre la inmigración

En 1984 y en 1988 fui asesor en asuntos sociales del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos Jesse Jackson, discípulo predilecto del gran líder de derechos civiles Martin Luther King. Aquella experiencia, más el hecho de haber vivido en Estados Unidos durante 38 años, me ha enseñado que el racismo ha desempeñado siempre un papel importantísimo en dividir a la clase trabajadora y las clases populares, debilitándolas en su lucha para conseguir aumentar sus derechos sociales y políticos. De ahí que las opciones conservadoras hayan intentado hacer ver al trabajador blanco que su enemigo o adversario es el trabajador negro (con quien compite por su lugar de trabajo), y que tiene más en común con el empresariado y el establishment estadounidense por ser blanco que con el trabajador negro por ser trabajador.

Grandes sectores de la derecha estadounidense utilizan electoralmente el racismo como elemento movilizador de la clase trabajadora blanca (principalmente la no cualificada), que se siente amenazada por el trabajador negro, procedente históricamente de las zonas rurales o de la inmigración.

Lo mismo está ocurriendo en Cataluña, como hemos visto con las declaraciones incendiarias de la señora Ferrusola, encaminadas a movilizar a las clases populares catalanas frente a un enemigo que además de acaparar todas las ayudas sociales está destruyendo el país. Este mensaje racista puede extenderse fácilmente debido a la inseguridad de amplios sectores de nuestra población por las condiciones precarias del mercado de trabajo catalán y del escaso desarrollo del Estado de bienestar en Cataluña. Hay que entender que el racismo no es un mero fenómeno cultural, sino que se basa en una realidad económica de inseguridad y precariedad. No es racista el más ignorante, sino el que se siente más inseguro. De ahí que los argumentos que se utilizan con frecuencia, incluso por sectores de la izquierda, para justificar la inmigración contribuyan a reproducir esta inseguridad y ansiedad entre amplios sectores populares. Así se dice que en España hacen falta trabajadores inmigrantes, y se utilizan cifras a todas luces exageradas. España no tiene escasez de personas que desean trabajar. Si España tuviera trabajando el porcentaje de mujeres que tiene el promedio de la UE, habría en el mercado de trabajo tres millones de mujeres más de las que hay hoy, que sumadas a los dos millones de personas en paro sumarían cinco millones de posibles trabajadores.

En realidad, cuando se dice que hacen falta inmigrantes, se está diciendo que falta mano de obra barata, lo cual crea una inseguridad en grandes sectores de la clase trabajadora puesto que la existencia de un amplio sector con salarios bajos amenaza a todos los trabajadores, pues presiona los salarios hacia abajo. El argumento que también se utiliza de que los inmigrantes ocupan los lugares de trabajo que los españoles no desean, prescinde de que no hay puestos de trabajo intrínsecamente de salario bajo. El empresario tiene dos alternativas: o traerse inmigrantes mal pagados o invertir en el puesto de trabajo para aumentar su productividad y pagar mejor salario. En España, gran número de empresarios prefieren lo primero porque no están sujetos a presión para que hagan lo segundo, debido en gran parte a la gran debilidad de los sindicatos y de las izquierdas en nuestro país. Los salarios en el sector agrario, en hostelería, en servicios personales y en comercio (sectores donde se concentra el 82% de la inmigración) son en España de los más bajos en la UE. También quisiera expresar mi desacuerdo con las aseveraciones hechas por autores como Sami Naïr, que en su intento de estimular una respuesta positiva a la inmigración, indican que ésta salvará la supuesta crisis de la Seguridad Social, causada por una transición demográfica desfavorable. En realidad, no hay tal crisis, y en el caso de que la hubiera no se resolvería mediante la perpetuación y/o extensión de salarios bajos. Grandes sectores de la izquierda en España están poco preparados para responder a este problema puesto que ya no piensan en términos de clase y han aceptado acríticamente los argumentos economicistas de carácter conservador sobre la inmigración.

Para romper con el racismo es importante, tal como aconsejaba Martin Luther King, que el trabajador blanco advierta que tiene más en común con el trabajador negro por ser trabajador que con el empresario por ser blanco. Recordemos que Martin Luther King fue asesinado cuando ayudaba a la sindicalización y las reivindicaciones de los trabajadores de saneamiento (negros y blancos).

En este aspecto, la intervención más importante para eliminar el caldo de cultivo del racismo es evitar la polarización del mercado laboral (mercados laborales fuertes, como en los países socialdemócratas escandinavos, tienen muchos menos problemas raciales que mercados laborales deteriorados como el catalán y el español) y aumentar la seguridad y el bienestar de las clases populares a través de la expansión de los servicios del Estado de bienestar, tales como escuelas, vivienda, sanidad y servicios de ayuda a la familia. No es cierto que la mayoría de ayudas de vivienda pública en Cataluña sean para los inmigrantes, como señaló la señora Ferrusola. Sí es cierto, en cambio, lo que ella no dijo; que la ayuda de la Generalitat a las viviendas públicas para todos los ciudadanos, nativos o inmigrantes, es de las más bajas de la UE. El gasto social como porcentaje del PIB en España es de los más bajos en la UE, y en Cataluña es incluso menor. Las políticas de gran austeridad social (y de apoyo a la desregulación del mercado laboral) que son llevadas a cabo por las opciones conservadoras que gobiernan en Cataluña y en España están aumentado la inseguridad, que es la base del racismo. Lo que se requiere es una extensión muy notable del deficitario Estado de bienestar catalán y español, que no debe centrarse en programas asistenciales a inmigrantes, sino en programas universales que beneficien a todos y no sólo a unos cuantos; es decir, a toda la población.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.