La Federación de Vecinos pide subir el IBI a los dueños de casas vacías

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) pidió ayer 'que se haga una ley reguladora de haciendas locales de forma que los ayuntamientos puedan penalizar fiscalmente mediante ordenanzas las viviendas vacías' y, por tanto, deshabitadas'. Así lo señaló María Roces, portavoz de Urbanismo de la FRAVM, quien dijo que esta medida supondría gravar con un 20% más sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas que estén vacías hasta el primer año, un 25% más hasta el segundo año y un 30% hasta el noveno año; pasada esa fecha, se añadiría hasta un 50%. El objetivo, según Roces, es que los ayuntamientos convenzan a los propietarios de que 'les va a salir muy caro tener viviendas vacías'.

Roces explicó que esta petición tiene como modelo la Ley Foral de Navarra de 1989, que prevé la posibilidad de imponer un impuesto a las viviendas vacías. Y añadió que, 'ante la inexistencia de una política de vivienda pública en la Comunidad de Madrid y el Estado, ésta podría ser una de las fórmulas para intervenir y para poner en el mercado más viviendas y reducir el precio del alojamiento'.

La portavoz de Urbanismo de la FRAVM indicó que el número de viviendas vacías en la región, entendiendo por vacías aquéllas que están ocupadas menos de cuatro meses al año, es de 282.296, según datos del censo de 1996. De éstas, 166.455 corresponden a Madrid capital. No obstante, Roces explicó que no todas las viviendas podrían ser ocupadas, entre otros motivos, 'porque algunas son stocks invendidos de inmobiliarias y otras se encuentran en periodo de venta o bien en litigios relacionados con herencias'.

Según datos de 1997 ofrecidos por esta federación, el distrito de Centro es el que cuenta con mayor número de viviendas desocupadas, con un total de 20.431; seguido de Salamanca, con 14.388, y Tetuán, con 11.555 viviendas vacías. Roces criticó que en vivienda pública, protegida y vacía el Gobierno 'no ha tomado ni una sola medida', y recordó que en la actualidad hay 35.000 parejas de jóvenes, con edades comprendidas entre 24 y 35 años, que demandan una vivienda de protección oficial.