Los consejos sociales fijarán el plus salarial de los profesores

La Dirección General de Universidades presentó ayer a los sindicatos las líneas maestras del próximo decreto autonómico que cederá las competencias para fijar el plus salarial del profesorado universitario a los consejos sociales. Esta propuesta -con el anteproyecto de Ley de Consejos Sociales del Consell y la Ley Universitaria que el Gobierno presentará el 19 de abril- completa el paquete de reformas diseñado por el PP para dar 'un cambio radical al modelo universitario' a principios del 2002.

El director general de Universidades, Salvador Forner, anunció ayer, en una reunión a puerta cerrada con los sindicatos, la intención de la Generalitat de crear un decreto de complemento retributivo del profesorado de las universidades públicas valencianas, que cede las competencias para fijar la baremación y el tipo de asignaciones al futuro Consejo Interuniversitario. Un marcroorganismo que estará integrado únicamente por los presidentes de consejos sociales, sin participación alguna de los equipos rectorales.

En realidad, la intención de ceder estas competencias a los consejos sociales no es nueva y, de hecho, se puede aplicar con la actual Ley de Reforma Universitaria (LRU) -como acaba de hacer este año la Universidad Politécnica de Valencia-. Sin embargo, la previsible desaparición de la LRU, que el Ministerio de Educación pretende derogar cuando apruebe su Ley de Universidades, hace necesario acelerar la elaboración un nuevo marco jurídico que permita aplicar este modelo que el PP lleva tiempo queriendo implantar.

La novedad de la propuesta autonómica reside en que -en sintonía con el polémico anteproyecto de Ley de Consejos Sociales- la Generalitat valenciana se propone ceder la competencia retributiva a los llamados 'órganos de participación social', mediante una fórmula que acaba cediendo la gestión de la plantilla universitaria a los representantes políticos y empresariales. Una de las propuestas más polémica, a jucio de los sindicatos, es en que principio está previsto que la retribución sea solamente para el personal docente, dejando fuera del complemento la carga investigadora que hasta ahora era la que más puntuaba.

Así, el modelo de asignación planteado por Forner ayer propone que sea el polémico Consejo Interuniversitario de Consejos Sociales el que -a través de las directrices y variables que fije el Instituto Valenciano de Investigación Económicas (IVIE)- el que valore y decida qué profesorado cobrará el complemento retributivo por cada tramo de tres años acumulado, proponga el baremo de méritos y fije las cantidades. En principio, Forner propuso 40.000 pesetas para la máxima puntuación (en un baremo del 0 al 10), 30.000 para los niveles puntuables intermedios y 20.000 para los de menor puntuación. Unas cantidades que están a todas luces por debajo de las propuestas sindicales que se han presentado.

'Revisar el modelo'

Forner planteó abiertamente que para hacer posible la aplicación de este decreto se necesita 'revisar el modelo de financiación de las universidades públicas valencianas'. Los capítulos a revisar son, incialmente, el modelo de plantillas docente de cada universidad; el capítulo de las inversiones reales; y el de la financiación por objetivos.

Ante este planteamiento, los sindicatos CC OO, UGT y STEPV acordaron, como primera medida, pedir la creación urgente de una Mesa Sectorial de Universidades para que los equipos universitarios participen de esta negociación, ante la propuesta de Forner de limitar la firma del acuerdo exclusivamente entre la dirección general, los sindicatos y los presidentes de los Consejos Sociales.