Las multas por emplear a 'sin papeles' suman 251 millones en tres meses

Trabajo realizó el año pasado 1.804 inspecciones a empresas de la Comunidad Valenciana. Como resultado de estas visitas, 378 empresarios fueron sancionados por el empleo de inmigrantes en situación irregular. El importe de las multas impuestas a las mercantiles alcanzó los 200 millones de pesetas, aseguró ayer el portavoz de la Unió de Llauradors-Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Antonio Merchán.

Esta cifra resulta ridícula si se contrasta con los datos recogidos durante el primer trimestre de este año por la Inspección de Trabajo. Según información aportada por el ministerio, el importe de las multas durante el primer trimestre de este año alcanzó los 251.028.164 pesetas -50 millones más que el total sancionado en 2000-. Según Trabajo, el número de visitas realizadas a empresas de la Comunidad durante los tres primeros tres meses fue de 361. En ellas, se hallaron 325 extranjeros que trabajaban sin disponer de papeles en regla.

La entrada en vigor de la ley de extranjería, el pasado 23 de enero, ha endurecido las penas relacionadas con la contratación de irregulares. El nuevo texto legal recoge sanciones mínimas de un millón de pesetas y máximas de diez, una 'considerable' suma de dinero que, según la COAG, contrasta con las multas de medio millón de pesetas establecidas antes de la reforma legal. Esta circunstancia explica el cuantioso aumento del importe de las infracciones con respecto al año anterior, según fuentes de la Unió de Llauradors.

Falta mano de obra

Pero el endurecimiento del castigo no ha disuadido a parte del empresariado, sobre todo al agrícola, que continúa con la contratación de sin papeles ante la escasez de jornaleros. 'Y eso que todavía no ha empezado la campaña agraria fuerte', advirtió el delegado de la Unió de Llauradors en la provincia de Alicante, José Castro. 'Cuando comiencen los meses más duros, no sé que van hacer los agricultores', añadió el dirigente sindical.

Los empresarios agrícolas observan 'atemorizados' la proximidad de la campaña agraria sin que el Gobierno central haya arbitrado las medidas para afrontar la escasez de braceros en el campo. Un informe elaborado por la Unió de Llauradors señala que para sacar adelante las cosechas valencianas se precisan 15.550 contrataciones.

Merchán argumentó que la fuga progresiva de los trabajadores del campo a otros sectores como la hostelería y las exigencias de la nueva ley de extranjería amenazan con echar a perder las cosechas. Por ello, el sindicato reclama al Gobierno medidas urgentes dirigidas, sobre todo, a los extranjeros, el colectivo más proclive a desempeñar las tareas del campo.

El sindicato agrícola también busca alternativas para afrontar lo que se avecina. La COAG ha abierto una oficina en la capital de Ecuador, Quito, para captar a los nacionales que estén dispuestos a trabajar en España durante, al menos, un período de seis meses. Esta iniciativa empieza a fructificar. A través del sindicato agrario, una empresa alicantina ha contratado a cerca de 400 ecuatorianos, que llegarán en mayo. Pero el número podría ser mayor. El coordinador técnico de la Unió subrayó que el sindicato cuenta con más de 2.200 solicitudes de la patronal agraria, una cifra que será ampliamente superada cuando se inicie la campaña citrícola en octubre.

No obstante, un portavoz de la Unió quiso dejar 'bien claro' su apoyo a las inspecciones para evitar casos de explotación. 'Pero no se pueden poner multas sin dar alternativas', recalcó Castro. La patronal agrícola se halla en una 'díficil' situación, que adquiere una dimensión mayor en la provincia de Alicante donde existen 'tantas alternativas al sector agrario'.

El responsable del Centro de Información para Trabajadores Migrantes e Inmigrantes de CC OO en la provincia de Alicante, Jamal Chaibi, por su parte, trasladó la situación 'extrema' que sufren muchos extranjeros sin papeles.

El pasado 19 de marzo, un empresario de Orihuela (Vega Baja) fue detenido por contratar a una treintena de extranjeros, procedentes de países del Este, en condiciones infrahumanas. El empresario los alojaba en una nave rodeada de basura e infestada de ratas, según informaron fuentes de la Policía Nacional. El caso no es aislado y sí un ejemplo diáfano de la situación en la que trabajan muchos inmigrantes.