Movilización para conseguir que los funcionarios sepan valenciano

La Mesa per l'Ensenyament en Valencià inició ayer una campaña de recogida de firmas para apoyar su reivindicación de que el conocimiento del valenciano sea considerado un deber -y no sólo un mérito, como sucede ahora- para el acceso a la función pública. La campaña, con la que se pretende forzar al Consell del PP a llevar adelante las modificaciones legislativas necesarias para conseguir el objetivo, fue presentada en los locales del Grupo Socialista-Progresistas de las Cortes Valencianas, con la presencia de representantes de todas las organizaciones que integran la Mesa y de miembros de diversas formaciones políticas.

La iniciativa de la Mesa per l'Ensenyament en Valencià, en la que se integran los sindicatos CC OO, UGT y STE-PV junto a la Federació Escola Valenciana, propone a las Cortes que promuevan una modificación de la actual Ley de Función Pública y de todos aquellos textos legales necesarios para que el conocimiento del valenciano sea requisito necesario para el acceso a cualquier puesto de trabajo de la Administración pública valenciana. También reclama el desarrollo y aplicación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

La campaña de recogida de firmas se desarrollará durante toda la primavera, sobre todo en las trobades de la Escola Valenciana que empiezan este domingo, y concluirán el día 26 de junio, en que se presentarán las conclusiones y las firmas reunidas.

Los representantes de la entidad criticaron la política del PP en materia lingüística y aseguraron que 'no hay justificación legal que impida la exigencia de conocer las dos lenguas oficiales' valencianas a los funcionarios de la Generalitat. Un requisito que también consideran exigible a los empleados de todas las administraciones radicadas en el territorio valenciano.

'Los ciudadanos tenemos el derecho de relacionarnos en nuestra lengua con cualquiera de esas administraciones y éstas tienen la obligación de atendernos en valenciano', señala el Manifest pel requisit lingüístic emitido por la Mesa con motivo de esta campaña. El escrito señala que la legalidad del requisito, vigente en todas las demás comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el consejero de Cultura y Educación, Manuel Tarancón, precisó que 'una parte' de la Ley de Función Pública 'impide' la aplicación del requisito lingüístico para poder acceder a la función pública en general, ya que establece que 'no se puede exigir' esta medida.