El Monte convoca asamblea el 19 de mayo para aprobar los estatutos

El Consejo de Administración de El Monte acordó ayer convocar una Asamblea General extraordinaria para el próximo 19 de mayo para aprobar los nuevos estatutos de la entidad adaptados a la Ley de Cajas andaluza. Esta decisión se produce después de que el Registro Mercantil de Sevilla rechazase los estatutos de la entidad aprobados por la Consejería de Economía al estimar este organismo que debían recibir el visto bueno definitivo de la asamblea de la caja.

Tras la aprobación de los estatutos, la caja los inscribirá en el Registro Mercantil y posteriormente presentará su protocolo de fusión con Caja San Fernando, documento que está previsto que se presente a finales de mayo. De esta manera, las cajas con sede en Sevilla evitarían, según sus cálculos, iniciar la renovación de sus órganos de gobierno. Por contra, la Consejería de Economía considera que el plazo para esta renovación (que debe culminar en seis meses) comenzó el pasado 6 de marzo, cuando ambas cajas acordaron iniciar su fusión y poner en marcha los instrumentos necesarios para hacer la renovación de los órganos rectores.

Por otra parte, la Caja de Jaén presentó ayer el recurso de reposición ante el Registro Mercantil tras la decisión de éste de no aceptar los estatutos adaptados a la Ley de Cajas, según explicó el presidente de esta entidad financiera, Francisco Tudela. El plazo para la presentación del recurso finalizaba el día 31.

Al mismo tiempo que los servicios jurídicos han elaborado el recurso de reposición, trabajan en otro de alzada que se interpondría ante la Dirección General de Registros y Notarías de Madrid en el caso de que la respuesta del Registro de Jaén volviese a ser negativa. Este organismo dispone de un plazo de 15 días para contestar.

Tudela no quiso explicar el contenido de los recursos 'por respeto a las instancias ante quienes se van a presentar'. No obstante, la línea argumental se basa en que los estatutos pueden registrarse debido a que la Consejería de Economía es la máxima autoridad competente para modificarlos y a que éste extremo lo recoge la legislación andaluza.

La asamblea de la caja se negó en dos ocasiones consecutivas a adaptar los estatutos a la Ley, por lo que fue el Consejo de Administración el que se dirigió a la Junta reclamando que arbitrase algún mecanismo para proceder a la modificación de los mismos. Economía fue quien directamente introdujo los cambios, pero el Registro Mercantil se negó a admitir los estatutos modificados.