500 familiares de disminuidos exigen que se mantenga la gratuidad en las residencias de la Comunidad

Medio millar de discapacitados psíquicos y sus familiares se concentraron al mediodía de ayer ante la Consejería de Servicios Sociales para exigir que se mantenga la gratuidad de las residencias y centros de día. Los padres de disminuidos, que tienen a sus hijos en los 13 centros públicos de discapacitados de la región, hasta ahora gratuitos (salvo cuatro del Imserso), rechazan el nuevo sistema de precios acordado por la Comunidad y las asociaciones de disminuidos, porque con él algunos deben empezar a pagar estos servicios.

Hasta ahora, los 1.000 discapacitados que acudían a centros públicos eran los únicos, de los cerca de 10.000 que hacen uso de recursos asistenciales, que no pagaban por esa atención. El resto se veía obligado a dirigirse a centros privados, gestionados por asociaciones de padres, y a costearse el servicio. El nuevo modelo pretende unir ambas redes, pública y privada, pero los precios fijados irritan a los padres de la red pública.

José Manuel Llovet, portavoz de la Coordinadora de Centros Públicos, convocante de la protesta, declaró: 'Se nos ha dicho, metafóricamente, que antes nosotros comíamos dos platos y los de los centros privados ninguno, y que ahora ambos tenemos una ración. Pero a lo que aspiramos es a que todos podamos comer dos platos, es decir, a la gratuidad. El artículo 49 de la Constitución dice que el Estado debe velar por la integración de los discapacitados, es decir, que debe ofrecer gratis servicios básicos como son las residencias y los centros de día', añade.

Tomás Vera, director de servicios sociales de la Comunidad, descarta modificar el sistema de precios: 'Lo hemos consensuado con las asociaciones y pronto se aplicará', afirma. Según sus datos, con el nuevo modelo, el 66% de los usuarios de centros públicos seguirá sin pagar y, del resto, la mayoría abonará menos de 25.000 pesetas al mes. El precio se establece en función de la renta pér cápita familiar (los ingresos netos anuales divididos entre 12 meses y entre los miembros del hogar). Por estar en una residencia se abonará el 75% de esa renta, y el 37,5% por los centros de día y ocupacionales. El discapacitado nunca pagará una cantidad superior a la pensión que percibe o, si no tiene pensión, al dinero que sus padres deducen por él de la base imponible del IRPF. Están exentos de pago los beneficiarios de pensiones con una renta inferior a las 42.000 pesetas y los que, sin pensiones, tengan rentas de menos de 50.001 pesetas.