El Gobierno recurre ante el Constitucional el impuesto de la Generalitat catalana a los hipermercados

El Gobierno anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el impuesto sobre las grandes superficies comerciales que aprobó hace tres meses el Parlamento catalán, 24 horas después de que Convergència i Unió, promotora de la iniciativa, apoyara el Plan Hidrológico Nacional (PHN). El Ejecutivo considera que la medida viola el régimen constitucional de distribución de competencias, ya que afecta a una fuente de riqueza que ya gravan los impuestos locales.

El impuesto de la discordia, que según algunas fuentes había estado ya sobre la mesa del Consejo de Ministros de la semana pasada, prevé gravar a los establecimientos que superan los 2.500 metros cuadrados a razón de 2.900 pesetas por metro cuadrado, y nació para compensar al pequeño comercio por los perjuicios que le está causando la creciente concentración de las grandes superficies.

La Generalitat contaba con recaudar 2.400 millones de pesetas al año por este impuesto, aunque la patronal del sector ANGED había elevado la cifra en 2.000 millones más. Su director general, Juan Arenas, reaccionó ayer con satisfacción porque el impuesto 'podría provocar la desmembración del sistema fiscal central'. Las grandes superficies habían advertido de que, para digerir la nueva carga, subirían los precios de sus productos, e incluso habían amenazado con desviar sus inversiones fuera de Cataluña.

El ministro portavoz del Gobierno, Pio Cabanillas, resaltó que el Gobierno ha recurrido al Constitucional para 'ordenar de una manera coherente la capacidad impositiva' de las comunidades autónomas. Añadió que el interés del Gobierno es favorecer al consumidor catalán, ya que entiende que la magnitud del impuesto repercutiría al final dicho precio sobre los consumidores finales, 'máxime cuando Cataluña tiene la inflación más alta que la media nacional'.

El impuesto sobre los hipers, promovido por CiU, contó en su día con el apoyo de todas las fuerzas políticas de Cataluña, incluido el PP catalán, que ayer explicó el recurso del Gobierno 'por cuestiones jurídicas'.

La oposición descargó ayer una lluvia de críticas. Los socialistas vieron en el recurso 'una desautorización' y un 'desprecio' al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Los independentistas de ERC hablaron directamente de una 'burla' del PP hacia CiU. El consejero de Economia, Francesc Homs, lamentó el recurso.