Detenidos dos empresarios de la construcción por explotar a 14 'sin papeles'

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron el pasado miércoles a dos empresarios por tráfico ilegal de mano de obra en una operación en la que intervino también la Inspección de Trabajo. Los propios trabajadores explotados, 14 colombianos sin papeles de entre 28 y 46 años, recurrieron al servicio de inmigración de CC OO, sindicato que ha denunciado a la empresa de construcción. Los empresarios detenidos, un padre y su hijo, pasaron ayer su segunda noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao y hoy serán conducidos ante el juez.

La denuncia que presentó hace 15 días CC OO contra dos empresas de la construcción por tráfico ilegal de mano de obra, entre otros delitos, desembocó el miércoles en la detención de un hombre y su hijo, cuyas identidades no se han hecho públicas, que figuraban como socios y administradores únicos de dos sociedades con oficina en Sestao y que se dedicaban a arreglos de fachadas y tejados tanto en esta localidad como en Barakaldo. Para ello, utilizaban a los 14 inmigrantes colombianos irregulares que trabajaban a destajo en obras de altura sin medidas de seguridad, en festivos y por un sueldo inferior al del convenio.

Los dos detenidos tenían varias empresas de la construcción con diferentes sedes sociales que utilizaban para eludir la acción de la justicia, ya que tienen abiertos ocho expedientes por otras tantas demandas interpuestas por trabajadores locales por sus condiciones laborales. Los arrestados pasarán previsiblemente hoy a disposición judicial.

'En Sestao estaban trabajando en un andamio endeble en una segunda planta sin casco, arnés, ni ninguna medida de seguridad', relató ayer Andoni Basterra, responsable del servicio de atención de inmigrantes de Comisiones Obreras. Pero la falta de seguridad es sólo una de las patas de la denuncia contra los dos empresarios. Además, el sindicato, que se va a personar en la causa como acusación particular, les considera responsables de imponer a los 14 colombianos condiciones laborales y de Seguridad Social abusivas y engañosas y de tráfico ilegal de mano de obra. Ambos delitos están tipificados en el Código Penal, una vía que CC OO espera que siga el Juzgado para que el asunto no se quede en una mera infracción laboral, como ocurrió en la anterior denuncia presentada por la central en un caso similar.

La Federación de Construcción de CC OO aseguró que éste no es un caso aislado y que cada vez hay más trabajadores extranjeros en situaciones de absoluta explotación en tajos de Vizcaya.

Iñaki Merino, secretario de la federación, pidió a la patronal su colaboración para erradicar esta situación y emplazó a la Administración a que regularice a todos los trabajadores no comunitarios que tienen una 'relación laboral real'.

Comisiones Obreras y la asociación de constructores de Vizcaya (Ascovi), que calificó de 'buena noticia' la detención de los dos empresarios, coincidieron en pedir a la Administración que acelere la tramitación de los permisos de trabajo para los inmigrantes no comunitarios. 'Como organización empresarial nos gustaría que las condiciones para contratar a extrajeros extracomunitarios fueran las mismas que para contratar a un parado', añadió un portavoz de Ascovi.

Los 14 colombianos, de entre 28 y 46 años, trabajaban por debajo del salario convenido y a destajo para pagar la deuda que contrajeron al hipotecar sus casas para pagarse el viaje a España. CC OO ha conseguido también garantizar la seguridad y proteger a 12 de los 14 inmigrantes que trabajaban en la obra, ya que los dos restantes no estaban trabajando cuando intervinieron la policía y la Inspección de Trabajo en cuatro obras de Sestao y Barakaldo. 'Han declarado como víctimas y su seguridad está garantizada', aseguró Loli García, secretaria de Formación y Empleo del sindicato, quien anunció que seguirán afiliando a trabajadores sin papeles, pese a que la ley de Extranjería no les reconoce el derecho a sindicarse.

Juicio a tres ecuatorianos

Mientras, la fiscal del Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona manifestó ayer que los tres ecuatorianos juzgados por un presunto delito continuado contra los derechos de los trabajadores, 'se lucraron' al traer de forma ilegal a España a compatriotas, por lo que mantuvo la petición inicial de tres años de cárcel para cada uno.

Igualmente, solicitó una multa de 720.000 pesetas para cada uno de los acusados, las hermanas Carmen y Nancy O.O., y Hernán M.S., todos de nacionalidad ecuatoriana, mientras que las defensas pidieron la libre absolución. Los tres acusados fueron detenidos en abril pasado tras la investigación de la Guardia Civil promovida por Cáritas tras conocerse que unos 150 ecuatorianos habían llegado de forma ilegal a la localidad navarra de Peralta, donde residían los procesados.