Euskadi-Europa

En el hipotético caso de reunir todas las demás condiciones, Euskadi no pasaría hoy el control de calidad democrática que se requiere para acceder a la Unión Europea. Porque, como refleja el informe presentado ayer ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa por el comisario de Derechos Humanos, Álvaro Gil-Robles, en el País Vasco hay ciudadanos que ven restringidos sus derechos y libertades por sus ideas no nacionalistas, y el Gobierno vasco no hace lo necesario para evitar esa situación. Se puede decir con palabras más diplomáticas, como efectivamente lo dice el informe, pero ésa es la realidad que los ciudadanos que la padecen han transmitido a Gil-Robles y el comisario ha reflejado en un documento cuyo contenido esencial fue respaldado ayer unánimemente por los representantes de los 43 países miembros del Consejo.

Se comprende que los nacionalistas vascos, que llevan 20 años gobernando en Euskadi y que fueron fundadores del movimiento europeísta hace más de medio siglo, se sientan desconcertados ante ese respaldo, que es una condena de su pasividad. Pero lo que dice el informe no es un secreto oculto a la opinión pública: es lo que casi cada día reflejan los medios de comunicación, denuncia la oposición en el Parlamento de Vitoria y exponen las asociaciones cívicas que defienden los derechos humanos. Otra cosa es que algunas personas prefieran cerrar los ojos.

El domingo pasado, el diputado Anasagasti calificaba el informe de 'panfleto antidemocrático' y consideraba su contenido 'un golpe bajo y sucio' contra el Gobierno vasco y el PNV. Pero un día después el alcalde nacionalista de Bilbao se veía obligado a pedir explicaciones a los responsables del departamento vasco de Interior, que habían autorizado una manifestación en protesta por las detenciones de miembros de Haika y no habían sido luego capaces de impedir que los manifestantes provocaran destrozos en la ciudad tras aprovisionarse de artefactos incendiarios en plena calle y ante la vista de quienes no tenían los ojos cerrados.

Las recientes detenciones de los jefes de Haika fueron calificadas por la dirección del PNV de 'garzonada' que obedece a un 'impulso político'. No parece descabellado suponer una relación entre ese tipo de descalificaciones de la actuación judicial y la sensación de impunidad con que actúa la rama encapuchada de la violencia organizada. En Euskadi, jóvenes forjados en la impunidad de la kale borroka consideran legítimo asesinar a concejales del PP o del PSOE. Gil-Robles lo constata y Europa lo condena; eso es todo.