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Tribuna:LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES

Deslegitimación del Estado autonómico

El autor analiza la reacción a su anuncio de imponer un impuesto a la banca

El anuncio de la imposición de un impuesto propio por la Comunidad Autónoma extremeña, referido a las entidades de crédito, ha generado comentarios muy diversos. Me voy a detener en uno de ellos que es el que más peligroso me ha parecido por lo que de deslegitimación del Estado de las autonomías conlleva. Si ese impuesto se hubiera anunciado hace 10 años, nadie hubiera puesto en duda la capacidad de la autonomía para ponerlo en marcha; sin embargo, en este momento, en muchos comentarios de prensa se parte no de la constitucionalidad o no del impuesto, sino de la competencia autonómica para poner un impuesto cualquiera.

Esa duda sobre la capacidad impositiva de las comunidades autónomas (CC AA) es un peldaño más en el proceso de involución autonómica que se vive en la España de hoy. Ya sin disimulos, se está haciendo creer a la opinión pública que las CC AA comienzan a convertirse en un obstáculo para la buena marcha de la gobernación de España. El goteo de informaciones y comentarios va generando un clima hostil, ya sea a propósito de las vacas locas y las competencias en sanidad animal de las CC AA, o en el control de las ayudas europeas, o en el Plan Hidrológico Nacional, o en los objetivos del déficit público, o en la ordenación de las cajas de ahorro.

Tres causas pienso que están contribuyendo a este ataque al Estado de las autonomías. De una parte, el PP ya no necesita imperativamente el apoyo nacionalista para gobernar, por lo que está resucitando su verdadera idea de España, que nada tiene que ver ya con lo del 'catalán en la intimidad'. De otra parte, los dos grandes partidos nacionales están obsesionados por ofrecer una idea, un tanto artificial, de homogeneidad monolítica, considerando que la expresión territorial de la diversidad de criterios es perjudicial para su imagen como partido. El PP mantiene a raya, de un modo autoritario, la simple posibilidad de la disensión, por más lógica que pudiera ser, con el objetivo electoral de resaltar que el PSOE no mantiene esa cohesión. Y el PSOE parece que, a veces, tiene tendencia a caer en esa trampa y, presionado por ese aparente desgaste, pretende inclinarse hacia una concepción que olvida que los Gobiernos regionales tienen una fuerte legitimidad distinta de la partidaria. Ambos parecen no recordar que España ha crecido en lo político y en lo económico, en buena medida, por haber sabido combinar los proyectos nacionales con la diversidad de proyectos territoriales. Hemos sabido dirigir nuestro Estado haciéndolo grande en lo internacional, sin perder un ápice de diversidad en el interior.

En esta legislatura, el PP parece que no sabe o no quiere combinar esos factores y necesita que el Estado autonómico se convierta en un coro de niños cantores para que le salga una España manejable. Aznar gobierna España como si el Estado fuera centralista, ignorando completamente a las autonomías y utilizándolas como cubo de la basura donde echar todo aquello que pueda perjudicar su imagen, ya sea el terrorismo o el escándalo del lino. El coro de cantores que se han sumado a esta operación se encarga de añadir, día a día, una dosis de centralismo que prepare el fracaso de una experiencia que, hasta ahora, ha traído más beneficios que perjuicios a la España constitucional.

Esa España descentralizada que a lo largo de estos años de democracia ha realizado una doble operación política de cesión de competencias hacia arriba y hacia abajo, desde el Gobierno central, ha obtenido como resultado su incorporación a la política europea con todas las consecuencias, y la descentralización política y administrativa hacia las autonomías. Este Gobierno acepta como normal el primer proceso, pero se resiste a considerar normal y ajustado a nuestra realidad histórica el segundo. Se puede ver cómo nuestro país acepta, como no podía ser de otra forma, que determinadas políticas vengan definidas por la Unión Europea en virtud de las competencias asumidas, pero no acepta ni está dispuesto a considerar que otras políticas puedan ser diseñadas y definidas para toda España por las CC AA en función de las competencias asumidas. En última instancia, se permite, dependiendo del humor del ministro de turno, que, en unas devaluadas conferencias sectoriales, las CC AA opinen sobre asuntos en los que tienen competencias exclusivas; la lógica del Estado que hemos dibujado debería aconsejar lo contrario, es decir, que una vez al año se le permitiera opinar al ministro de turno sobre asuntos en los que no tiene más competencia que la representación en el Consejo de Ministros europeo.

La reforma del Senado, tantas veces aireada por todos los partidos, y tantas veces ignorada, es una exigencia natural de un Estado que para que pueda funcionar descentralizadamente necesita una Cámara donde los representantes de los Gobiernos autónomos puedan contribuir al diseño de determinadas políticas que, para que triunfen, necesitan el respaldo y la complicidad de todas las autonomías; la ausencia del debate de política autonómica en el Senado, tal y como establece su reglamento, es la prueba de que, para este Gobierno, las autonomías son un mal que hay que sobrellevar, pero procurando su debilitamiento y su deslegitimación.

Un nuevo Senado debería ser el foro indicado para que las autonomías y el Gobierno central pudieran articular un modelo de financiación autonómico que acabara con la incertidumbre, improvisación y transitoriedad de todos los que hasta ahora ha habido. El nuevo Senado sería el sitio para empezar por decidir un cambio sustantivo en el sistema fiscal español para adaptarlo a la realidad de un Estado compuesto y descentralizado como el nuestro. Si en estos momentos se eliminaran las autonomías, el nuevo Estado centralista resultante no tendría que modificar ni el Senado ni el sistema fiscal, lo que constituye la mejor prueba de que ni el Senado ni la fiscalidad española están adaptados y pensados para un Estado autonómico; esa circunstancia convierte en imposible un acuerdo válido, estable y profundo sobre la financiación autonómica; de nuevo llegaremos a repartir una cantidad que el Gobierno ponga encima de la mesa, aplicando criterios que posibiliten un reparto político y una pelea entre comunidades con la consiguiente guerra de cifras y la nueva deslegitimación de unos insaciables Gobiernos autónomos que sólo aspiran a gastar en beneficio electoral de sus presidentes.

Comienza a olvidarse que las CC AA son Estado y, a veces, han demostrado tener más sentido de Estado que el propio Gobierno central, y por eso, España, con toda su complejidad, ha funcionado; quien no comprenda esto estará haciendo un flaco favor a España.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es presidente de la Junta de Extremadura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de marzo de 2001