El juez decano quiere imponer un listado de peritos de quiebras para evitar corruptelas

El juez decano de Madrid, Fernando Fernández Martín, propondrá a sus 72 colegas de primera instancia la creación de un listado de comisarios e interventores de quiebras de empresas para que éstos sean designados por turno riguroso. La iniciativa pretende dar más transparencia a estos procesos, que dirimen asuntos en los que hay en juego miles de millones de pesetas y cientos de puestos de trabajo, y evitar así posibles corruptelas.

La propuesta no es nueva, pero el decano la ha retomado tras la querella presentada por la fiscalía contra el juez y los tres interventores de la quiebra de las bodegas Garvey, propiedad del empresario José María Ruiz-Mateos, por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho. Según esa querella, el juez dilató la tramitación de la quiebra, y los interventores, nombrados a dedo por el magistrado para gestionar las bodegas durante el proceso, exigieron a Ruiz-Mateos cien millones de pesetas para archivarla.

La idea del decano es entrevistarse con los responsables del Colegio de Censores de Cuentas y con el de Economistas y acordar con ellos un listado con los nombres de los comisarios e interventores que reúnan los requisitos y a quienes puedan acudir los jueces a la hora de encomendar la administración judicial de empresas en quiebra o que hayan declarado suspensión de pagos.

Fernández Martín ha habilitado en la plaza de Castilla un servicio de designación de peritos, que ya funciona y que se encarga de proporcionar profesionales solventes a los jueces que precisan efectuar tasaciones sobre cuestiones en litigio. En este servicio, la elección de los peritos se establece 'por turno riguroso', señala el juez decano. 'Hay un listado y de ahí se extraen. Por ejemplo, si un juez necesita el informe de un arquitecto sobre un inmueble en ruinas, se solicita uno al servicio y éste le proporciona el primero que haya en la lista, y así sucesivamente', explica.

Lo mismo quiere hacer Fernández Martín con los comisarios e interventores de quiebras, aunque antes quiere exponer y debatir el asunto con sus colegas de lo civil. Su propósito es 'democratizar' la elección de estos profesionales y disipar cualquier sombra de duda sobre la actividad judicial en esos procesos.

Su objetivo, si sus colegas no se oponen, es que dicho servicio controle también el listado de interventores, y que éstos sean designados, al igual que ya se hace con los peritos, 'por turno riguroso'.

Desde hace años, al juez decano le preocupa que un puñado de interventores acapare la gestión de las suspensiones y quiebras de empresas que se tramitan en Madrid. Estos profesionales obtienen cuantiosos beneficios económicos por su labor. En la capital se tramitaron el año pasado cerca de 100 expedientes judiciales sobre empresas en crisis.

Los comisarios o interventores judiciales son profesionales del derecho o la economía a quienes los jueces encomiendan, a dedo, la gestión de una empresa en crisis. De los informes de estos peritos, que deben dictaminar si una industria atenazada por deudas es o no viable, depende que ésta sea devuelta a sus dueños o bien que se decrete su quiebra, con el consiguiente reparto de sus activos entre los acreedores.

Los sueldos de estos profesionales salen de las arcas de la propia empresa en crisis y, en general, se los fijan ellos mismos. Eso sí, con aquiescencia del juez y en función del volumen y activos de la industria. Ha habido interventores en Madrid que han percibido hasta 50 millones de pesetas por tramitar una quiebra de 5.000 millones en una empresa. El comisario de la quiebra de las bodegas Garvey, por ejemplo, por cuya gestión los fiscales le atribuyen un supuesto delito de cohecho, se fijó un sueldo mensual de tres millones de pesetas.

Cuanto más se retrase la tramitación judicial de la crisis, más meses percibe el interventor ese salario. Hay jueces, no obstante, que tienen por costumbre establecer sueldos para los interventores de unas 300.000 pesetas al mes. Pero éstos son los menos. Los interventores que más suspensiones o quiebras consiguen de los jueces suelen tener grandes despachos con trabajadores a su cargo. En Madrid ha habido varias investigaciones en los últimos años dirigidas a averiguar por qué un minúsculo grupo de interventores monopolizaba casi todas las quiebras y suspensiones de pagos de empresas.

'Personas de confianza'

Fernando Fernández Martín, poco después de acceder por primera vez a su cargo de juez decano, en 1995, constató que un 70% de las quiebras y suspensiones que se tramitaban en la capital estaban en manos de sólo tres interventores. Todas las indagaciones efectuadas al respecto han sido archivadas ante la dificultad que implica probar que un juez designa siempre a un mismo interventor porque tiene algún tipo de connivencia con él. 'El hecho de que algunos jueces elijan siempre a los mismos peritos suele deberse a razones de confianza; son temas delicados, y lo que le preocupa al juez es que el administrador sea una persona fiable que resuelva con eficacia', afirman fuentes judiciales conocedoras de estos procesos.

Hace un año, la Fiscalía de Madrid decidió personarse en todas las suspensiones y quiebras para supervisar su gestión y evitar eventuales corrupciones, todo ello en un intento de velar por los intereses de los trabajadores de estas empresas en quiebra. La labor de supervisar estos expedientes se encomendó a la Fiscalía de Delitos Económicos, experta en estos asuntos. La fiscalía ha pedido a los jueces que todos los asuntos relacionados con esos procesos sean comunicados a los fiscales de delitos económicos.

Precisamente, ésta es la sección que ha destapado el supuesto caso de corrupción en la quiebra de las bodegas Garvey. Según la querella de la fiscalía, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid, Marcelino Sexmero, pudo dilatar el procedimiento de quiebra de dichas bodegas a cambio de un puesto como juez de la Federación Española de Fútbol. Un interventor de la quiebra de Garvey, relacionado con el citado organismo deportivo, habría contribuido a conseguirle el puesto, siempre según la querella.

Los fiscales afirman además en esa querella que los interventores judiciales exigieron al dueño de las bodegas Garvey, el empresario José María Ruiz-Mateos, 100 millones de pesetas a cambio de elaborar un informe favorable a la viabilidad de sus empresas. Ruiz-Mateos filmó y grabó las conversaciones de la supuesta extorsión y las entregó a los fiscales, y éstos, a su vez, a un juzgado de Majadahonda. Los interventores implicados se hayan ahora en libertad provisional tras haber pagado una fianza total de 31 millones de pesetas.