Rebelión en la Sindicatura de Cuentas

La Sindicatura de Cuentas, el organismo que supervisa las cuentas de la Generalitat, los ayuntamientos, las diputaciones y las empresas públicas catalanas, está paralizada desde hace mes y medio. Sus siete miembros están divididos ante el nombramiento de su máximo representante: el síndico mayor, equivalente a presidente del organismo. La candidata de CiU, Montserrat de Vehí, ha sido rechazada en tres votaciones para dirigir el organismo.

De Vehí -respaldada por el presidente del Parlament, Joan Rigol, con quien trabajó como secretaria general cuando éste dirigió los departamentos de Cultura y Trabajo- tiene incluso en contra a alguno de los síndicos nombrados a instancias de su coalición: una situación insólita en una entidad donde el cargo 'se ha cubierto siempre por unanimidad', recuerdan medios cercanos al organismo.

La Sindicatura de Cuentas tiene siete miembros y se precisan al menos cuatro votos para nombrar síndico mayor. CiU tiene tres miembros; el PSC, dos; el PP, uno, y ERC, también uno. Hoy vuelve a reunirse el pleno para sacar adelante el nombramiento de síndico mayor.

Despedida con acusaciones

Entretanto, la Sindicatura de Cuentas está paralizada. Al no haber síndico mayor, el pleno no se reúne desde principios de febrero para estudiar los informes de fiscalización de los organismos auditados, dicen fuentes próximas al organismo. La última remesa de auditorías aprobada data de enero.

El puesto de síndico mayor es clave. Aunque no tiene facultades para planificar el trabajo de los otros seis síndicos, dirige el aparato administrativo de la sindicatura y entre sus funciones están las de convocar y presidir el pleno, contratar obras y servicios, y coordinar y ejercer la dirección del organismo, donde trabajan 60 personas.

Tampoco se reúne la comisión de gobierno, formada por el síndico mayor y dos síndicos. Este órgano es una especie de comisión delegada del pleno.

El anterior máximo responsable de la sindicatura, Ferran Termes, dimitió hace un mes, cuando aún le quedaban más de dos años para acabar su mandato. Termes, nombrado a propuesta de CiU, alegó estar hastiado de las divisiones en el organismo. El pasado 13 de febrero fue al Parlament a rendir cuentas y se despachó a gusto. Acusó de 'improductivos' a Francesc Xavier Vela y Marià Nicolàs, elegidos como él a instancias de CiU, y a Manuel Barrado, por el PP. 'Mi vocación de psiquiatra es escasa y necesito energías para otras cosas', dijo.

Se nombró entonces síndica a De Vehí, para que sus compañeros la refrendasen como la síndica mayor. Pero De Vehí no sólo se ha topado con los votos en contra de los cuatro síndicos no propuestos por CiU, sino que además no tiene el apoyo de uno de los dos de su grupo. El síndico de CiU que no apoya a la candidata de esta coalición es Francesc Xavier Vela, que lleva una década en la entidad y es el responsable de la fiscalización de las cuentas de diputaciones, consejos comarcales y entidades autónomas de la Seguridad Social. Ni tan siquiera han servido las presiones de CiU para que Vela votara a De Vehí. Éste acabó otorgándose el voto a sí mismo el pasado martes. El otro miembro designado a instancias de CiU, Marià Nicolàs, optó en la última votación por dar su voto a De Vehí. El nombrado a instancias del PP, Manuel Barrado, votó en blanco. Y bastarían los votos de Vela y de Barrado para aprobar el nombramiento de De Vehí.

¿A qué se debe el rechazo a De Vehí en una institución donde siempre ha habido unanimidad para nombrar a su máximo representante? Las fuentes consultadas dicen que no hay nada personal ni contra su trayectoría, pero destacan que sí existe rechazo a que una recién llegada acceda al máximo cargo cuando hay síndicos con gran experiencia en la casa.

Otro dato desconcertante es que el síndico Josep Maria Carreras, nombrado a instancias del PSC, ha tenido más apoyo que De Vehí. En total, tres votos: dos de su propio grupo y un tercero de Jacint Ros Hombravella, que accedió al cargo a instancias de ERC.

Poder compartido

La división en el organismo se debe, en parte, a su peculiar estructura, donde el poder está, en realidad, compartido por los siete síndicos. Los síndicos son técnicos de prestigio nombrados por el Parlament por seis años con un respaldo mínimo de tres quintas partes de los diputados. No deben obediencia a nadie, por lo que, una vez nombrados, pueden hacer con sus votos lo que quieran, igual que los diputados.

El síndico mayor tiene voto de calidad para forzar un desempate en el pleno, pero no puede interferir en la labor de los otros seis síndicos. Cada uno tiene a su cargo un departamento y decide la línea que seguir. Los informes de fiscalización no llegan al pleno hasta que cada síndico lo cree conveniente. En la práctica, dicen las fuentes consultadas, hay informes que tardan meses en ir al pleno, el órgano que da el visto bueno para enviarlos al Parlament. Hoy todos intentan recomponer la unidad lograda con los otros dos síndicos mayores que ha tenido el organismo desde su creación en 1984: Josep Juan Perulles y Ferran Termes, elegidos a propuesta de CiU, pero respaldados por el resto.