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IU se queda sola en la defensa de la ley de Comarcas y un fondo de equilibrio territorial

El Parlamento pide a la Junta un estudio sobre las inversiones territorializadas desde 1989

La portavoz de IU, Concha Caballero, se quejó de que sólo de cinco de los nueve puntos de su iniciativa habían salido adelante. A su juicio, los que no son instrumentos para remediar el rebrote de localismo y enfrentamientos entre los territorios que han salido últimamente a luz, sobre todo, a raíz de la polémica sobre las fusiones de las cajas de ahorro.

Todos los grupos estuvieron de acuerdo en que el Gobierno presente en el plazo de seis meses un estudio de las desigualdades de renta y servicios entre los andaluces, así como la terrirorialización de las inversiones desde 1989. También en que los proyectos financiados por la UE se efectúen con un criterio de solidaridad territorial, y también las inversiones del Gobierno central.

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Pero la coalición de izquierda se quedó sola en el nuevo intento de comprometer en poco tiempo la elaboración de una ley de Comarcas y la creación de un Fondo de Inversiones de Equilibrio Territorial que compense las deficiencias de infraestructura y servicios en las zonas más desfavorecidas. En la defensa de su iniciativa, Caballero explicó que éstas son las principales bazas del poder político para recortar las 'abismales' distancias de renta y riqueza en la comunidad, que 'hacen peligrar la identidad andaluza' que establece el artículo 12 del Estatuto de Autonomía.

Caballero recordó que los localismos (cuando se hizo el Estatuto y también ahora) son las armas de la 'derecha' para conservar lo que tiene y evitar un 'poder regulador'. 'Por eso se recurre a la manipulación sentimental sobre la conciencia del agravio y el desequilibrio, pero es necesario distinguir entre los ecos electoralistas, provincianos y catetos y las voces que hablan de unos problemas irresueltos'.

Según Caballero, para luchar contra el desequilibrio no 'valen las lamentaciones de Chaves y las recriminaciones a políticos incluso de su propio partido, sino los proyectos políticos', que tengan en cuenta a los ayuntamientos, parte esencial de la autonomía, y se alejen de los intereses especulativos muy locales. La comarca, afirmó, es una figura de descentralización administrativa que puede ayudar a avanzar en la vertebración.

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El portavoz del PSOE, Luis Ángel Hierro, dijo, sin embargo, que en el mundo globalizado actual son los proyectos intermedios, como la Unión Europea y las autonomías, los que conducen al éxito frente a la mundialización y el localismo. Hierro calificó la propuesta comarcal de IU de visión conservadora y añadió que las desigualdades territoriales son fruto de los distintos niveles de formación, de composición del sector público y privado y de las reconversiones industriales que han experimentado determinadas zonas. Juan Ramón Casero, del PP, consideró que una ley de Comarcas significaría abundar en el Estado funcionarial con 128 administraciones nuevas, que se sumarían a los ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y consorcios, por lo que abogó por sacar la ley de Comarcas del debate territorial. El portavoz del grupo mixto, Pedro Pacheco, llamó la atención sobre el hecho de que las mancomunidades y consorcios están suplantando al poder municipal y que, a falta de un estructura comarcal, cada consejería diseña la suya propia, propiciando un total desconcierto sobre la ordenación real del territorio.

Ricardo Chamorro, del PA, no logró hacer entender por qué los andalucistas, que han llevado durante años la ley de Comarcas como bandera, votaron en contra y a favor del Plan de Ordenación del Territorio de 1983.

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