El PP violenta el reglamento de las Cortes para castigar a la Síndic

El PP utilizó ayer su mayoría absoluta en las Cortes para arrancar una condena formal a la Síndic de Greuges en funciones, Emilia Caballero, a la que atribuye un uso partidista de la institución que representa desde el fallecimiento del titular, Luis Fernando Saura, el pasado diciembre.

El PP violentó el reglamento cuando sometió un 'dictamen desfavorable' hacia la actuación de Caballero a la Comisión de Peticiones sin respetar el plazo mínimo de 48 horas previsto para que la oposición conozca los documentos que deben votarse.

Marcela Miró, presidenta de las Cortes, remató la faena cuando silenció a la oposición y negó a sus portavoces la posibilidad de explicar el sentido de su voto sobre el dictamen. 'Han utilizado los votos como antes se utilizaban los tiros en la nuca', sintetizó el socialista Andrés Perelló.

'Tengo miedo'. Andrés Perelló, portavoz socialista, expresó su indignación hacia el proceder del PP y su temor hacia el evidente uso partidista de las Cortes por parte del grupo mayoritario una vez culminada la 'parodia' escenificada ayer en la Comisión de Peticiones.

Nombrar, lo mismo que reprobar a un miembro de la sindicatura, exige el apoyo de una mayoría de dos tercios en el seno de las Cortes. En la actualidad, bastaría un acuerdo entre el PP y el PSPV que se complica por momentos.

Alejandro Font de Mora, portavoz del PP, y Perelló llevaron las riendas de un acalorado debate que puso de manifiesto la distancia entre ambos grupos y las dificultades para pactar la persona de un nuevo síndic que reemplace al fallecido Luis Fernando Saura.

El PP considera que Emilia Caballero, que ejercía como adjunta de Saura a propuesta del PSPV y hoy ocupa su cargo de forma interina, sirve a intereses partidistas. Pero carece de la mayoría suficiente para reprobarla. Por eso recurrió a un subterfugio para arrancar una condena a Caballero.

La Comisión de Peticiones retrasó la comparecencia solicitada por la propia Caballero para responder a las agresiones de los populares y se reunió para elaborar y votar un dictamen respecto de la adjunta del Síndic.

Font de Mora abrió el fuego con un dictamen ya redactado en la carpeta y esgrimió con vehemencia 'la situación de irregularidad, cuando no de ilegalidad' en que se ve envuelta la Sindicatura, cuyo reglamento establece que en caso de fallecimiento del titular su sucesor sea designado en el plazo de tres meses.

El portavoz popular achacó a los socialistas 'el saqueo de la institución, porque la Síndic actúa de manera partidista en connivencia con un determinado partido'. Aludió a un reciente informe sobre el barrio del Cabanyal en Valencia como 'una intrusión legal'. Y sugirió que Caballero 'ataca permanentemente al Consell', 'echa chinitas en el engranaje de la Administración' y 'ha convertido la institución en una sucursal del partido socialista'. Más aún, afirmó que Caballero 'entorpece' el relevo de Saura y aludió a la 'persuasión, cautela y sentido integrador' que deberían presidir su actuación.

Pero su severa intervención recibió cumplida respuesta del portavoz socialista. Perelló elevó a la categoría de 'osadía' la 'lección jurídica' dictada por Font de Mora y zanjó la cuestión reglamentaria de un plumazo: '¿Tres meses? Dos tercios'.

El portavoz socialista se embarcó en una disertación sobre fundamentos de democracia y achacó a los populares su incapacidad para tolerar la discrepancia. 'Ganan la mayoría en las urnas, pero en el Parlamento exigen sumisión y adulación al jefe', sentenció.

Perelló puso en entredicho el sentido de la sesión en comisión: '¿Qué hacemos aquí? ¿Qué vamos a votar? ¿Con qué garantías legales?'. Lamentó el interés del PP por 'perseguir' a Caballero; recordó que el nombramiento de los adjuntos de Saura estuvo congelado durante un año; y reiteró: '¿Qué parodia de vendetta hemos venido a escenificar aquí?'.

Luego lanzó cargas de profundidad. Recordó que los miembros de la Sindicatura se eligen por mayoría cualificada en virtud de una norma 'de valentía democrática'; defendió la 'dignidad' de los representantes públicos al margen de los votos que les sustenten y retó al PP a impulsar un procedimiento de reprobación en lugar de un subterfugio de condena. 'Su respeto a la ley es puramente aritmético', sintetizó.

Ramón Cardona, de Esquerra Unida, también identificó la sesión parlamentaria con 'una farsa'; denunció el escaso respeto que muestra el PP hacia 'partidos e incluso instituciones designadas por las Cortes' y achacó a los populares 'un uso indebido' de la mayoría absoluta.

El debate estuvo trufado de salidas de tono y menciones personales. Pero el momento de mayor tensión se produjo cuando se sometió a votación el dictamen redactado por el PP. El reglamento exige que se distribuya con 48 horas de antelación, pero los populares violentaron todos los usos. Marcela Miró, presidenta de las Cortes, llegó a negar el turno de explicación de voto a los portavoces de la oposición y desató feroces críticas.

Formalmente, el PP logró su objetivo. El 'dictamen desfavorable' hacia la actuación de Caballero aprobado 'por las Cortes Valencianas' considera 'deslegitimada' a la Síndic para ejercer sus funciones; la acusa de parcialidad y sugiere que debería renunciar a su cargo. El dictamen, además, recoge expresamente que su texto será publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas y el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana; se trasladará a todas las instituciones de la Generalitat y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.