El PP se opone a transferir las fincas del Estado a la Junta

El Partido Popular se ha opuesto en la comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados a la transferencia a la Junta de Andalucía de las fincas que aún quedan en propiedad del Estado dentro de la comunidad autónoma. Es el caso de Selladores-Contadero y Lugar Nuevo, en la provincia de Jaén, reservadas para uso protocolario del Gobierno. La votación se produjo ayer a raíz de la proposición no de ley presentada por el diputado del PSOE por Jaén Sebastián Quirós. La iniciativa contó con el apoyo de IU y el Bloque Nacionalista Gallego, pero se opuso el PP y se abstuvo CiU.

'Suena a chiste que el PP no apruebe la proposición porque dice que la Junta no está capacitada para gestionar esas fincas en las que se están haciendo programas de biodiversidad con el lobo y con el lince', indicó Quirós tras conocer el resultado de la votación. El diputado socialista entiende que se dan las condiciones necesarias para transferir estas fincas 'para el uso y disfrute de los ciudadanos', por lo que pidió al PP que 'recapacite'. Además, recordó que el programa del lince, por ejemplo, se hace en coordinación entre las dos administraciones.

Las dos fincas destinadas a protocolo en Jaén tienen 20.000 hectáreas y representan el 27% del parque natural Sierra de Andújar. La propuesta del PSOE es transferir las tierras y que queden, como zonas de protocolo del Estado, 2.000 hectáreas.

Quirós recordó que, si a estas dos fincas se une el hecho de que el 69,35% del terreno de este parque natural corresponde a fincas privadas, sólo queda una extensión del 3,65% en manos de la Consejería de Medio Ambiente para la realización de programas de investigación pública. 'Estos dos montes son fundamentales para el desarrollo de los municipios del parque natural a los que pertenece, no sólo por su extensión, sino también por su valiosa flora y fauna', resaltó el diputado socialista.

El PSOE, explicó Quirós, no cuestiona el uso protocolario de estas fincas, sino que pide el traspaso de competencias para tratarlas como espacios protegidos.