El municipio desalojará a decenas de indigentes de la vieja fábrica Cabo

La fábrica Cabo, dedicada a la elaboración de productos cárnicos, quebró hace tres años, y la difícil negociación entre propietarios, acreedores y trabajadores ha dejado las instalaciones en estado de abandono desde entonces. Numerosos indigentes han ocupado en este tiempo el edificio, de cinco plantas y que ocupa casi toda la manzana comprendida entre las calles del General Yagüe, Lérida, San Enrique y Lazaga. Nadie sabe cuánta gente vive allí, aunque algunos vecinos señalan que puede haber más de 200 personas. Entre ellas, refugiados políticos, ex toxicómanos e inmigrantes en situación irregular.

Los vecinos han mostrado su disgusto con esta situación, que se ha convertido en 'insostenible, con delincuencia, venta de drogas y constantes incendios por la gran cantidad de basuras acumulada dentro de la fábrica', afirma José Antonio Medina, presidente de la comunidad de vecinos de General Yagüe, 35. 'Nos sentimos con una bomba de relojería junto a nuestra casa ante la dejadez del Ayuntamiento', añade.

Los bomberos han tenido que desplazarse a la fábrica al menos en una docena de ocasiones en los últimos tres meses por pequeños incendios, originados por las fogatas que los habitantes del edificio encienden para calentarse del frío. En una de esas intervenciones, los bomberos encontraron el cadáver de un ciudadano argelino, Fouhad Zerrouki, de 27 años, en el hueco de un ascensor. La autopsia reveló que el cuerpo llevaba unas dos semanas muerto. 'Imagínese la situación de descontrol que se vive allí dentro', reitera Medina. Los vecinos han recogido cerca de un millar de firmas durante las últimas semanas para exigir la intervención del Consistorio.

Luis Asúa admite que el Ayuntamiento no ha actuado hasta ahora, y lo explica: 'Los trámites de notificación son largos y, al tratarse de una propiedad privada, no podemos hacer nada hasta que se hayan cumplido todos'. Según Asúa, el Consistorio debe notificar primero a los propietarios la situación de abandono del edificio, exigiendo que actúen. Si los dueños no responden, el gobierno municipal puede actuar por ejecución sustitutoria. Los costes de la actuación irían a cuenta de los propietarios. 'Estamos en la última fase del proceso, la ejecución del cierre será inmediata', precisa Asúa, que se resiste, sin embargo, a dar una fecha concreta para el desalojo.