Posada promete cumplir lo que diga el Supremo sobre los funcionarios

El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, se comprometió ayer en el Congreso de los Diputados a cumplir lo que decida el Tribunal Supremo sobre la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la congelación salarial a los funcionarios. Posada se mostró convencido de que el Supremo admitirá el recurso de casación que la Administración debe formalizar ante el Supremo antes del día 23 y que será por tanto la Sala Tercera del alto tribunal quien se pronuncie sobre el fondo del asunto. El titular de Administraciones Públicas desgranó ayer, ante la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, los argumentos que el Gobierno defenderá ante el Supremo en contra de la sentencia que dio la razón a Comisiones Obreras y que le insta a pagar los atrasos a los funcionarios por aquella congelación.

Jesús Posada dio por hecho que el Supremo admitirá el recurso de casación. Ello implica que el alto tribunal aceptará que la congelación no fue simplemente una cuestión de personal, sino otra superior, que afecta de lleno a la política económica. El recurso defenderá que la congelación 'condiciona' la política económica, una competencia atribuida al Estado por la Constitución.

La Audiencia condenó al Gobierno a pagar los atrasos a los funcionarios al considerar que el Ejecutivo incumplió la ley de la Función Pública de 1990, que le obligaba a negociar, y el Acuerdo de 1994, con rango legal, que preveía una subida salarial igual a la inflación prevista para 1995, 1996 y 1997. Ambos incumplimientos, según la sentencia, quedan claros en las manifestaciones del entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, el 19 de septiembre en la mesa de la Función Pública.

El Gobierno, adelantó Posada, argumentará que no se incumplió la obligación de negociar. Se negoció pero no se llegó a ningún acuerdo. El Ejecutivo defenderá que tampoco incumplió el Acuerdo de 1994. Aquel Acuerdo preveía un incremento de los salarios de los funcionarios igual al IPC previsto para 1995, pero para 1996 y 1997 lo condicionaba a la marcha de la economía y a la negociación.