El Gobierno negocia reducir el trasvase del Ebro para lograr el apoyo de CiU

El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, defendieron ayer en distintos foros, una día después de la multitudinaria manifestación celebrada en Madrid contra el PHN, que lo que propone el Gobierno 'no es un plan contra nadie', ni pretende poner en riesgo el delta del Ebro. Ambos subrayaron también la 'voluntad de consenso' del Ejecutivo para, 'de una vez por todas, solucionar el problema de ordenación del agua que tiene España'. Cabanillas puso especial énfasis en que el trasvase del Ebro no irá en detrimento del delta ni de la demanda de Aragón y Cataluña: 'Sólo cuando se haya atendido la demanda real de la zona, toda la demanda pendiente, cuando se realice la reserva estratégica que garantice los usos futuros y, además, se reserve un cauce mínimo para ese río, se procederá al trasvase'.

Con estos mimbres, y tras la entrevista que en la tarde del martes pasado mantuvieron en el Palacio de la Generalitat el conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, y su consejero de Medio Ambiente, Felip Puig, con el ministro Jaume Matas, CiU confía en negociar con el Ejecutivo una 'sensible' reducción del caudal que se va a trasvasar del Ebro, acompañado de un claro compromiso de inversiones en el delta.

La oposición de CiU al Plan Hidrológico obtuvo una dura respuesta del PP en el Parlamento catalán y ahora el objetivo de ambas partes es que las aguas vuelvan a su cauce. En Madrid, las negociaciones por parte de CiU correrán a cargo de su portavoz parlamentario, Xavier Trias, quien reiterará la defensa de traer 350 hectómetros cúbicos del Ródano, estudiar el aprovechamiento de unos 400 o 500 hectómetros cúbicos de las actuales concesiones a las comunidades de regantes y desarrollar un Plan Integral de Protección del Delta.

El Gobierno ve más probable la negociación con CiU que con el PSOE. El ministro de la presidencia, Juan José Lucas, aseguró incluso que 'CiU y PP se dirigen hacia una política de entendimiento, al margen de momentos en los que puedan aparecer choques sectoriales'. Para una primera aproximación, ambos partidos tienen de plazo hasta el día 19 para la presentación de enmiendas. El primer debate en pleno se realizará el jueves 22.

Críticas de Aznar

La relación con el PSOE es, en este asunto, mucho más difícil. El presidente del Gobierno, José María Aznar, descalificó ayer duramente la alternativa elaborada y presentada la semana pasada por ese partido al tildarla como simple 'papel improvisado' para acallar las disidencias internas. Aznar remachó que esa oferta además no tiene nada que ver con lo que el PSOE sostenía cuando gobernaba y cuestionó, en general, la actitud de ese partido 'con las nuevas personas pero con las mismas políticas' que los que se presentaron a las últimas elecciones generales con 17 proyectos distintos para España. Aznar aceptó opiniones diferentes a las del Gobierno entre los políticos y ciudadanos de Aragón que masivamente se manifestaron el domingo contra el plan del Gobierno. Pero puso en duda su nivel de información. Les reclamó 'que se informen mejor, que no se queden en la superficie de los mensajes' y que 'no se dejen manipular por el discurso oportunista y lastimero de los profesionales del agravio inexistente'. Aznar sentenció que su intención es llevar el plan adelante con 'coraje' porque lo ve 'técnicamente posible, viable y necesario'.

Jaume Matas, según fuentes de su ministerio, ha intentado sin éxito entrevistarse con el presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias. El Gobierno incluso le ha sugerido elevar el nivel de interlocución al vicepresidente político, Mariano Rajoy; según estas fuentes, sin éxito.

El Ejecutivo considera 'una broma' que el PSOE pretenda solucionar todo el déficit de agua de Levante con desaladoras que su propio plan ya prevé. Medio Ambiente ha sacado a la luz un informe sobre los costes y los efectos medioambientales de la deslación elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Según ese informe, desalar 1.000 hectómetros cúbicos de agua (el equivalente al trasvase) conllevaría la emisión de entre 1,6 y 5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera debido a la combustión de energía para ese proceso de desalación. El PSOE, en su plan alternativo, propone desalar 404 hectómetros cúbicos de agua.