Unió reclama un adelanto de las autonómicas ante la precaria mayoría parlamentaria

Ayer más que nunca se evidenció la débil mayoría parlamentaria de la que Convergència i Unió (CiU) dispone en el Parlament y su dependencia casi absoluta del Partido Popular. Los nacionalistas perdieron cuatro votaciones consecutivas porque los 12 diputados del PP se aliaron con el bloque de izquierdas para revocar el Mapa Eólico del Gobierno y reclamar una nueva ubicación de la central térmica prevista en un principio en Móra la Nova (Ribera d'Ebre). Fue una calculada maniobra por la oposición de CiU al Plan Hidrológico Nacional.

A pesar de este revolcón, Jordi Pujol hizo como si no fuera con él. Porque, a su juicio, esas dos votaciones en contra -Enron y Mapa Eólico- no afectan a 'puntos básicos del programa electoral de CiU' ni a 'vitales proyectos de interés para Cataluña'. En cambio, el Plan Hidrológico Nacional sí lo representa y por este motivo, dijo, tuvieron que votar en contra pese a las posteriores consecuencias. Se trataba, en palabras del propio presidente, de aplicar la 'coherencia política' de su coalición, en contraste, añadió, con la que practican los socialistas en lo referente al PHN.

Estabilidad parlamentaria

¿Hasta cuándo está dispuesto Pujol a soportar este hostigamente desde los bancos del PP? Según el presidente, hasta que CiU pierda una votación trascendental que afecte a su acción de Gobierno. Por ejemplo, en temas de autogobierno o de política lingüística. Pero, de momento, Jordi Pujol no siente amenazada su estabilidad parlamentaria porque, en su opinión, un gobierno en minoría debe asumir estos riesgos. De su boca tan sólo salió un 'lo lamento', y ninguna crítica contra los que hasta ayer fueron su sustento parlamentario.

Aunque no lo admite públicamente, Pujol y su coalición son ahora presos del PP, y los conservadores se vengan de los malos tragos que sufrieron en el Congreso en la anterior legislatura, cuando eran rehenes de CiU.

En las dos reuniones que los dos líderes de la coalición, Jordi Pujol por parte de Convergència y Josep Antoni Duran Lleida, de Unió, han celebrado estos días en el Parlament -el complicado panorama que se le presentaba a CiU merecía tal reconciliación-, ambos políticos han coincidido en que la coalición debe asumir todas las consecuencias de este acoso de los conservadores.

No obstante, la frase 'todas las consecuencias' tiene distinta interpretación según la hagan los convergentes o los democristianos. CDC minimiza el alcance de la crisis -la rueda de prensa de Pujol fue una muestra de ello- e incluso algunos parlamentarios comentan que 'no hay mal que por bien no venga'. Los dos proyectos revocados suponían una serio desgaste para los nacionalistas, ya que les podían acarrear consecuencias políticas y electorales en las comarcas del Ebro. Incluso alguno de los alcaldes de la zona se había pronunciado en contra. Los nacionalistas se han librado de esta carga, aunque no podran evitar que sea el Partido Popular el que capitalice la retirada de estos proyectos en el Parlament.

Los diputados convergentes subrayan que las votaciones de ayer les sirven para distanciarse políticamente del PP ante sus militantes y simpatizantes, después de una legislatura en la que se han evidenciado dos claros bloques en el Parlament: por un lado, el PP y CiU; por otro, los tres partidos de izquierda (socialistas, Esquerra e Iniciativa-Verds). Hasta las de ayer, todas las votaciones parlamentarias dan fe de ello.

Un Gobierno débil

Los democristianos, en cambio, realizan un análisis más pesimista de la situación, para la que tan sólo existe la salida de un adelanto electoral. El mes de febrero, comentan, demostró hasta qué punto el Gobierno catalán carece de objetivos claros y es incapaz de dar respuestas concretas y atajar de cuajo algunas situaciones. Entre otras, destacan la indefinición sobre los tres espinosos asuntos de las comarcas del Ebro (PHN, Enron y Mapa Eólico) y sobre las controvertidas declaraciones de Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, acerca de la inmigración.

Esta tibieza contrasta, según indicaron las mismas fuentes, con la firmeza del Gobierno de José María Aznar en temas como la reforma laboral -aprobada por decreto sin el beneplácito de los sindicatos- y la Ley de Extranjería. 'Así es como actúa un Gobierno fuerte y nosotros no lo somos', señalan. Y así, no es extraño que afirmen: 'Menos mal que Duran ya no está en el Gobierno; si no, también hubiese sido uno de los perjudicados'. Josep Antoni Duran Lleida dimitió a principios de marzo por su rechazo al nombramiento de Artur Mas como conseller en cap del Ejecutivo.

Pero a nadie se le escapan las razones que inducen a los democristianos a defender un adelanto electoral de las autonómicas, y menos a sus socios de Convergència. Según indicaron parlamentarios de CDC, tan sólo a Unió le conviene una anticipación de los comicios porque 'sería la única manera de evitar que no se presentase Mas. En cambio, si se vuelve a presentarse Pujol, él todavía albergaría alguna esperanza para el futuro'. Y el recelo entre Duran y Mas es evidente. El líder de Unió evitó, por ejemplo, las dos reuniones del Consell Executiu con un Artur Mas como conseller en cap.

Además, añadieron fuentes de Convergència, 'si al líder democristiano le preocupara tanto la situación, lo normal es que se lo hubiera dicho a Pujol en las reuniones de estos días. Y no ha sido así. Dios le libre de hacerlo'.