España sólo cumplió el año pasado una de las 12 propuestas económicas de Bruselas

De las 12 recomendaciones que le hizo la Comisión Europea en materia de política económica para el año 2000, España sólo cumple una de forma satisfactoria y ninguna de forma plena. Otras seis están ya en marcha y las cinco restantes tienen un grado sólo parcial de cumplimiento. Las recomendaciones de Bruselas han tomado este año un gran impulso político tras acordar los ministros de Economía, a propuesta del comisario europeo de Asuntos Monetarios, Pedro Solbes, recomendar a Irlanda que modifique su presupuesto de este año para ajustarse a las recomendaciones aprobadas para ese país.

El grado de cumplimiento en otros países es muy irregular. Francia, por ejemplo, aún no ha puesto en marcha cinco de las 13 recomendaciones que le formuló la Comisión, pero una de ellas ya se considera totalmente ejecutada, tres están en marcha y cinco sólo se aplican de manera parcial. Alemania cumple dos, cuatro están en marcha y siete de manera parcial. Italia incumple totalmente una, cinco medidas sólo son parciales, cuatro están en marcha y dos reciben el visto bueno, aunque no total.

En el caso español, la Comisión Europea considera que ninguna recomendación ha sido aplicada de forma plena, pero una está en la buena vía. Se trata en realidad de una recomendación de años anteriores que sigue en vigor este año: 'Continúa y se respeta plenamente el pacto de estabilidad interno entre las regiones y el Estado por el cual los Gobiernos territoriales tienen un papel creciente en varios terrenos en materia de gasto'.

España sólo cumple de manera parcial, en cambio, otras cinco recomendaciones. Se trata de tener preparadas medidas fiscales para evitar un recalentamiento de la economía, así como acrecentar el ritmo de reducción de los déficit públicos; incrementar más la dotación del fondo de reserva creado para hacer frente a las consecuencias del envejecimiento de la población; tomar medidas para aumentar la competencia en sectores como la electricidad, el gas y la venta al por menor y acercar el precio del agua a su coste real; regionalizar el sistema de formación de salarios y de movilidad laboral para reducir la disparidad regional de las tasas de paro; y mejorar la eficiencia de los mercados de trabajo y de las políticas activas de fomento del empleo para reducir las tasas de paro de larga duración.

Las medidas, que ya están en marcha pero todavía no se aplican de manera satisfactoria, se refieren al control del gasto corriente; la reducción de las ayudas públicas en ferrocarriles, carbón y astilleros; la reducción de las trabas administrativas en particular para las pymes; el desarrollo de mercados de capital riesgo, y la revisión de la legislación laboral de común acuerdo con los agentes sociales.