El PP rechaza una propuesta sobre los efectos de las antenas de telefonía móvil

El Grupo Popular rechazó ayer en el pleno de las Cortes Valencianas una propuesta de Esquerra Unida que reclamaba al Consell medidas cautelares y una reglamentación para regular la exposición de las personas a los campos electromagnéticos que producen las antenas de telefonía, los transformadores y las líneas de alta tensión. La iniciativa, que contó con el respaldo del Grupo Socialista, proponía también instar al Gobierno central a elaborar con la máxima urgencia un proyecto de ley y a adoptar las disposiciones necesarias para cumplir la directiva europea sobre esta cuestión aprobada en 1999.

El portavoz de EU, Joan Ribó, justificó la necesidad de esta iniciativa por la proliferación de los equipos emisores de ondas radioeléctricas, por la 'creciente alarma social' debida a los trastornos que pueden producir, y por 'el desinterés absoluto' tanto del Gobierno central para adaptar la normativa europea como del Consell para regular 'un problema creciente'. El diputado popular Juan Rodríguez Marín indicó que, pese a compartir la preocupación sobre la materia -aunque negó que exista 'alarma' al respecto-, los populares no podían apoyar la propuesta porque se refiere a una competencia exclusiva del Gobierno central y porque ya se está elaborando un real decreto al respecto que, una vez promulgado, podrá ser completado por las comunidades autónomas y las entidades locales.

El socialista José Pérez Grau acusó al Gobierno de 'no actuar', instó a que se legisle 'para evitar el desmadre', ya que 'se instalan antenas sin importar dónde ni cómo', y pidió un estudio epidemiológico ante los informes sobre la existencia del síndrome de las radiofrecuencias -trastornos del sueño, depresión, dolor de cabeza-, que crean 'auténtica alarma'.

Ley forestal

El pleno también rechazó una proposición no de ley de EU para impedir la transformación de montes y terrenos forestales en regadío propiciada por la reforma de la Ley Forestal de 1993 introducida por el PP a través de la ley de acompañamiento de 1998. El PP suprimió un apartado que considera montes o terrenos forestales 'los terrenos yermos y aquellos en los que la actividad agraria haya sido abandonada por un plazo superior a diez años, que se encuentren situados en los límites de los montes o terrenos forestales, hayan adquirido durante dicho período signos inequívocos de su estado forestal, o sean susceptibles de destino forestal'.

Según Ribó, la supresión propicia la transformación de muchas zonas en regadío, sobre todo cítricos. El socialista Joan Francesc Peris cifró en 200.000 hectáreas la superficie que podría ser transformada en regadío, o incluso ser declarada urbanizable, gracias a la supresión de ese apartado.

En el escrito en el que el Consell da cuenta de su postura contraria a la toma en consideración de la iniciativa se anuncia una 'modificación más amplia' de la Ley Forestal cuando el Gobierno central apruebe la nueva Ley de Montes.