Consejos Sociales: el verdadero debate

Una Universidad comprometida con su entorno es fuente de progreso y de crecimiento. La Universidad se debe -ahora más que en ningún otro momento de su historia- a la sociedad, origen y destino de su misión. El sistema universitario debe ser capaz de imbricar su actividad en el tejido social que lo rodea, de atender al ritmo con que los distintos sectores plantean nuevas demandas, y dar respuesta a múltiples y variados retos. Ésa es la Universidad por la que estamos trabajando, aquélla a la que Ortega ya concediera el valor de estandarte al vincular su madurez a la de su pueblo, por su condición de catalizadora de las perspectivas de futuro en un territorio.

La Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983 recalca esta idea de Universidad como servicio público, y establece la figura de los Consejos Sociales para garantizar la participación de la sociedad en la Universidad. Más de 15 años después de que se aprobara la vigente Ley de Consejos Sociales de la Comunidad Valenciana -una norma que se limitaba a reproducir disposiciones genéricas de la LRU sin desarrollo en cuanto a competencias y funcionamiento de estos órganos-, se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de su reforma, acomodando el papel esencial de los Consejos Sociales a las nuevas exigencias que nuestra cambiante realidad ha ido generando durante todo este tiempo.

En este nuevo escenario, y dentro del marco de nuestras competencias, la Generalitat Valenciana ha presentado al sistema universitario valenciano -a través del anteproyecto de ley de Consejos Sociales que hemos anunciado desde la Consejería de Cultura y Educación- un instrumento con el que seguir profundizando en ese binomio inseparable Universidad-sociedad. Un documento que está en la línea de las más modernas leyes de Consejos Sociales, y en el que se recogen atribuciones que ya aparecen reguladas en las normas elaboradas por otras comunidades autónomas.

Una lectura sosegada y un análisis sincero del anteproyecto, posibilitaría constatar las múltiples coincidencias que existen entre el espíritu que anima la oferta del Gobierno valenciano y lo expuesto en el Informe Bricall -encargado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y respaldado por sus componentes-, donde queda recogida la importancia de que los Consejos Sociales cuenten con una composición representativa de los diferentes colectivos y de la Administración pública. En el citado informe también se mencionan las medidas que pueden adoptarse para mejorar la gestión de los órganos de gobierno de las Universidades y facilitar 'la rendición de cuentas a la sociedad'. Entre ellas, el documento dice textualmente: 'Deberían precisarse por las Administraciones públicas las funciones del Consejo Social para que éste pudiese ejercer de manera efectiva el control social y económico de la institución'.

Cabe recordar en este punto que los Consejos Sociales son un órgano de la Universidad, y como tales, el ejercicio de sus facultades no vulnera la autonomía universitaria en tanto que éstas son ejercidas por la propia Universidad a través de ellos. Así pues, no es aventurado afirmar que todo cuanto se haga por incrementar la participación social en la Universidad, por consolidar y mejorar la estructura y el funcionamiento de los Consejos Sociales, redundará en beneficio de la consolidación y mejora de la institución universitaria.

No obstante, suenan voces disonantes frente al anteproyecto de la Generalitat. ¿Qué encubren, de verdad, las críticas? ¿Qué realidad esconden esos recelos infundados? ¿A quién puede incomodar que se avance en la pluralidad institucional o en la transparencia de la gestión económica de las Universidades? He leído, en estas críticas, acusaciones de 'politización' e 'injerencia'. El uso de estos dos términos evidencia una aproximación poco rigurosa al texto de este anteproyecto de ley. Por dos motivos: porque en él ha quedado establecida una cuota de representación política muy inferior a la que puede encontrarse en otras leyes similares, con sólo un veinte por ciento del total del Consejo Social, lo que nos sitúa en este aspecto a la cola de otras comunidades autónomas; y porque debo reiterarlo, todas las funciones asignadas que se relacionan en el anteproyecto figuran ya reconocidas a los Consejos Sociales de las otras leyes autonómicas españolas.

Hemos manifestado insistentemente nuestra inequívoca voluntad de escuchar todas las voces, para, desde el ánimo de colaboración y participación, incorporar aquellas aportaciones que puedan enriquecer el texto. En esa tarea hemos de saber llevar las propuestas al terreno del verdadero debate. La cuestión es tan simple como determinar si queremos subir al tren del futuro, con unas universidades en la línea de los modelos más progresistas, abiertas a la sociedad, viviendo su pálpito, o queremos quedarnos en la arqueología de la endogamia que conlleva el peligro de no dejar ver más allá de los límites de los campus.

Manuel Tarancón i Fandos es consejero de Cultura y Educación.