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Un ex trabajador ratifica al Defensor del Menor el presunto maltrato en la residencia Guadarrama

Urra concluye, tras oír a un antiguo empleado de Diagrama, que hubo 'algunos excesos'

'Ayer me hablaron de un magnífico proyecto y de unos muy buenos profesionales, pero también me ratificaron algunos de los extremos denunciados estos días', explica Urra. Un interno de 14 años relató a la fiscalía que 'si [los internos] se portan mal, [los educadores] les encierran solos en una habitación pequeña con ventana con rejas y un colchón en el suelo, y, si se ponen nerviosos, les esposan y les ponen cinta de embalar en los pies'. El chaval asegura que ha pasado siete veces por esas 'salas de observación' y que en una ocasión llegó a estar cuatro días seguidos.

'¿Por qué puede alguien atar a un adolescente? Probablemente porque en un centro con algunos chavales que tienen trastornos psiquiátricos, a veces, se viven situaciones límite en las que algún chico sufre una crisis y hay que evitar que se haga daño a sí mismo. Pero en ningún caso es necesario ni atar ni esposar. Bastaría con que el centro contase con una habitación acolchada y en condiciones', reflexiona Urra.

Sin embargo, la Coordinadora de Barrios, que acogió al chico denunciante y lo acompañó a fiscalía, considera que lo sucedido en Guadarrama no es un hecho esporádico. El problema, según su criterio, está en la creación de nuevos centros 'caracterizados por ser un híbrido entre la reforma [para menores autores de delitos] y la protección [para chicos desamparados]. Se abren residencias denominadas para menores con trastornos de conducta y no se sabe si son para chavales con diagnósticos psiquiátricos o para quién'. Según esta entidad, hay más centros de protección cuyos reglamentos permiten dejar aislados a los muchachos y también atarles.

El Defensor llevará hoy el testimonio del ex trabajador de Diagrama a la fiscalía de Menores, que fue quien, tras visitar el pasado jueves el Guadarrama, aconsejó clausurar la residencia al ver 'gravísimas irregularidades'.

La directora del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), Esperanza García, acudió al centro al día siguiente y, tras escuchar otros cinco testimonios de chicos que ratificaban los hechos denunciados, procedió al cierre. También clausuró otras dos residencias regentadas por Diagrama (Cimbra y Río Chico) en las que no se produjeron denuncias. Treinta y seis menores fueron trasladados a otras residencias. Anoche, cinco chicas acogidas hasta el pasado viernes en Cimbra permanecían a las puertas de este centro y pedían 'volver con sus educadoras', según aseguró a este periódico una de las cuidadoras. Otros 12 chavales protestaron también el lunes por haber sido trasladados.

La Fundación Diagrama cree que la Comunidad 'se ha extralimitado al cerrar los tres centros sin confirmar las presuntas anomalías'. Su presidente, Franscisco Legaz, se entrevistó ayer con la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez. 'En su momento hablaremos, pero ahora preferimos dejar que la fiscalía continúe su tarea', dijo Legaz.

La oposición en la Asamblea (PSOE e IU) descargó ayer sobre la Administración la responsabilidad de lo ocurrido, informa Rodolfo Serrano. El socialista Pedro Sabando adelantó que 'ante la falta de capacidad de las asociaciones encargadas de gestionar estos centros, tendrá que ser la Comunidad la que las asuma'. Y Juan Ramón Sanz, de IU, señaló que 'ésta es una consecuencia más de los afanes privatizadores del Gobierno'. Miguel Ángel Villanueva, del PP, se mostró convencido de que el Gobierno regional actuó correctamente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de marzo de 2001